Toma de predios en el Eje Cafetero

Corría el año 2024 y un grupo de aproximadamente 50 campesinos ocupó el predio “El Diamante”, en el corregimiento de La Palmilla, Pereira, propiedad de la SAE. Las ocupaciones se extendieron a municipios como Balboa y Belén de Umbría, y las autoridades reportaron tomas de tierra en seis predios más en solo unos días.

En abril de 2025, en Quinchía, Risaralda, la situación del predio ‘Opirama’, también de la SAE, motivó una jornada institucional de la ANT (Agencia Nacional de Tierras) Allí, la ocupación no era de campesinos sin tierra, sino de la comunidad indígena La Cayana, que solicitaba la entrega del terreno para iniciar su proceso de constitución como resguardo. En ambos casos se encuentra una misma raíz del fenómeno: las tierras administradas por la SAE han estado en el centro de las demandas de acceso, y la entidad no cuenta con una ruta ágil para resolverlas.

En noviembre de 2025 la vereda La Siria, corregimiento de Combia, en Pereira, se convirtió en el epicentro de una contradicción que lleva años sin resolverse. En esta toma no solo había campesinos locales. También había desplazados de otras regiones del país. En total, unas 532 familias exigían tierras para asentarse y desarrollar proyectos productivos. 
Estas familias campesinas se instalaron en un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Declararon asamblea permanente y dijeron, con documentos y memoria, que llevaban dos años buscando que el Gobierno Nacional cumpliera los compromisos de adjudicación de tierras para proyectos agrícolas.
Una sindicalista del sector agrícola de Risaralda lo resumió con una frase: “Lo que queremos es un pedazo de tierra para trabajarla, para cultivar y poder vivir de ella, somos gente muy humilde que nos han robado las tierras... esta que nos hemos tomado, están a nombre de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales”.

El desenlace fue el tradicionalmente previsible en Colombia. Las autoridades ejecutaron el desalojo. El operativo contó con presencia de la Alcaldía, la Policía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Pero el testimonio recogido en el lugar describe algo más que un procedimiento legal: “llegó toda la autoridad... con grosería a sacarnos a dañar lo que teníamos para poder dormir, no nos dieron tiempo para salir pacíficamente”.
En marzo de 2026, alrededor de 200 campesinos del Quindío y del norte del Valle del Cauca ocuparon un predio de la SAE en la vía entre Quimbaya y el parque Panaca. El detonante fue una promesa de reubicación incumplida: las familias campesinas habían ocupado en 2025 unos terrenos en Salento, y se retiraron tras la mediación de la ANT, que ofreció reubicarlos en un predio administrado por la SAE. Esa solución nunca se materializó.
En aquel entonces, un líder social lo explicó sin rodeos: la ocupación responde al “incumplimiento de compromisos adquiridos tras desalojos anteriores” y a “la burla de la que han sido objeto” estos trabajadores. La toma incluyó a familias completas, adultos mayores, mujeres y niños. Los campesinos advirtieron que permanecerían hasta que se estableciera una alternativa concreta que garantizara acceso a tierra para la producción agrícola. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado e intentaron mediar, pero la advertencia oficial fue clara: si el diálogo no prosperaba, la Policía avanzaría con el desalojo en menos de 48 horas.

La evidencia permite trazar un ciclo predecible en la región:
1.    Las comunidades campesinas ocupan un predio de la SAE (La Siria, El Diamante, Opirama, Quimbaya) exigiendo tierras o el cumplimiento de acuerdos.
2.    Las autoridades intervienen con mediación, promesas de reubicación o desalojo y violencia institucional.
3.    El desalojo se ejecuta y las familias quedan nuevamente sin tierra.

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El derecho de petición
Hace unas semanas la Asociación de Campesinos Agricultores Sin Tierra Risaralda (ASTRACARIS) presentó un derecho de petición ante la SAE. La pregunta era sencilla y urgente: ¿Cómo participar en procesos de adjudicación de tierras en Risaralda?
En respuesta fechada el 20 de octubre, la directora de Proyectos de la SAE María Catalina Serrano explicó que administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) y que el acceso social se canaliza, principalmente, por la Destinación Provisional. Ese mecanismo permite entregar bienes a entidades públicas o a personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro con “reconocida idoneidad” y programas de público reconocimiento, es decir, no es una ruta directa para familias campesinas, sino para organizaciones que cumplan esos requisitos.
La única puerta que la SAE mencionó fue la convocatoria “Bienes que Transforman”, abierta entre el 25 de septiembre y el 14 de noviembre de 2025. Pero, con corte al 20 de octubre de 2026, la entidad precisó que no tiene convocatorias abiertas para postular ESAL interesadas en acceder a inmuebles dentro de esa estrategia. Si habilita nuevos procesos, dijo, los divulgará por sus canales oficiales.

Para ASTRACARIS, el problema no es solo técnico. Su objetivo es producir alimentos, generar empleo rural y asegurar ingresos para cientos de familias campesinas. Sin tierra, ese proyecto de vida queda en suspenso. La respuesta de la SAE les dice que, por ahora, no hay ruta abierta. 

El eslabón que falta: SAE administra, ANT adjudica
Uno de los puntos que la respuesta de la SAE admite que su rol es administrar y transferir bienes a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es la llamada a adjudicar. La propia ANT reconoce esa articulación: en su balance de 2025 en Risaralda, informó que incorporó 24 predios al Fondo de Tierras mediante “articulación con la SAE para la transferencia de predios en procesos de extinción de dominio”, alcanzando más de 2.200 hectáreas disponibles. Pero el mismo informe admite que la demanda de tierras en el departamento supera las 68.000 solicitudes, una demanda descomunal frente a una oferta limitada.

La articulación SAE-ANT es frágil y está bajo sospecha. Aunque existe un convenio para agilizar la transferencia de predios a la ANT, este ha sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades y de una fuerte disputa política. Mientras el director de la ANT defendía el convenio como un orgullo para “quitarle tierra a la mafia” y entregarla a campesinos, el equipo de empalme del gobierno entrante denunciaba posibles irregularidades. Esta inestabilidad institucional genera incertidumbre y retrasa aún más las soluciones para comunidades como ASTRACARIS.

El costo humano: la espera no es un trámite
La respuesta de la SAE, leída en este contexto, tiene efectos concretos y dolorosos: Frustración y deslegitimación de la vía institucional. La organización recibe un “no” a su solicitud, mientras observa que la única forma de visibilizar su necesidad ha sido la ocupación de predios, que termina en desalojos violentos. Esto empuja a las comunidades hacia la protesta social como único recurso.

Las tomas son tratadas como “ocupaciones ilegales” o “vías de hecho”, sin que se reconozca la demora institucional y el incumplimiento de promesas como causas estructurales. La respuesta de la SAE contribuye a este relato al no ofrecer una ruta alternativa y limitarse a señalar la inexistencia de convocatorias.

Para ASTRACARIS, cuyo objetivo es “la producción de alimentos”, la falta de tierra significa la imposibilidad de generar ingresos, empleo rural y seguridad alimentaria para sus familias. La espera es la postergación de su derecho a una vida digna en el campo.

Una respuesta que desconoce la urgencia
La SAE cumple con responder, y se ampara en su naturaleza de administradora de activos, pero no asume un rol proactivo para articular una solución con la ANT, entidad que sí tiene la competencia para adjudicar. La inexistencia de convocatorias de “Bienes que Transforman” no es una respuesta suficiente para una asociación que ya cuenta con registro ante la ANT y el Ministerio del Trabajo.
Para las comunidades campesinas sin tierra, esta respuesta es un recordatorio de que el camino hacia la tierra está plagado de barreras institucionales, falta de voluntad política y una articulación estatal que no fluye. La SAE tiene la oportunidad de ser un puente, pero al limitarse a informar que “no hay mecanismos abiertos”, se convierte en un eslabón más de una cadena que mantiene la tierra en el limbo y a las familias campesinas en la incertidumbre.

En La Siria, en El Diamante, en Opirama, en Quimbaya, las carpas se levantan y se caen. Las familias vuelven a sus veredas, a las casas prestadas, a los arriendos que no pueden pagar. Y mientras la SAE responde con precisión jurídica que no hay convocatoria, en algún rincón de Risaralda un campesino sigue mirando un terreno cercado y se pregunta, una vez más cuándo podrá sembrarlo.