Cuarenta y cuatro iniciativas de firmantes de paz y organizaciones comunitarias denunciaron que, pese a cumplir con todos los requisitos exigidos, los recursos asignados para ejecutar sus proyectos permanecen congelados desde el 21 de agosto, sin que exista un acto administrativo que explique la decisión.

A esta convocatoria se habían presentado 231 proyectos comunitarios, de los cuales 195 fueron habilitados y avanzaron a la etapa de evaluación. Como resultado de este proceso, fueron seleccionados 44 proyectos, correspondientes a 26 iniciativas colectivas y 18 iniciativas individuales, que serán implementadas en 21 departamentos y que buscan fortalecer el tejido comunitario: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. 

Según comunicado público difundido por las organizaciones afectadas, los proyectos fueron seleccionados el 24 de julio de 2026 como ganadores de la Convocatoria Fomento 2026-2, estrategia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para reconstruir el tejido social en distintos territorios del país. El 4 de agosto recibieron sus resoluciones de asignación, el 6 de agosto el pasado Gobierno los reconoció públicamente en Bogotá y, entre el 6 y el 14 de agosto, cada uno cumplió con lo exigido: acta de compromiso, póliza por el 30% del valor asignado, facturas, RUT y certificaciones bancarias.

El 21 de agosto, la ARN radicó la documentación completa de las 44 iniciativas ante su Subdirección Financiera por $5.575.947.105 y quedó lista para desembolsar. Ese mismo día, según la denuncia, el Gobierno congeló los recursos.

Sin soporte documental
El congelamiento se hizo "sin emitir un solo decreto, resolución, circular o directiva que lo ordenara". La propia ARN lo habría reconocido por escrito el 16 de septiembre (OFI26-019410), al señalar que la medida "no estuvo acompañado de la emisión o publicación de un Decreto, Circular, Resolución, Directiva Presidencial u otro instrumento en que se haya materializado y expuesto sus motivaciones de hecho y de derecho".

De acuerdo con el texto, no existe documento oficial que explique por qué se frenó el recurso, con qué fundamento ni por cuánto tiempo. Tampoco hay acto que revoque las resoluciones: la ARN confirmó que estas "se encuentran vigentes" y que "no cuenta con una fecha cierta y oficialmente confirmada" para el desembolso. El 9 de octubre, la entidad habría admitido ante la Defensoría Regional Valle del Cauca que no tiene información sobre el acto que originó la medida.

Proyectos y plazos
Las iniciativas vinculan procesos comunitarios de firmantes de paz con comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, adultos mayores y víctimas del conflicto, en distintos departamentos del país. Según el comunicado, cada proyecto ya asumió compromisos con personal contratado y con las comunidades, que llevan meses esperando. El plazo de ejecución vence el 20 de diciembre de 2026, por lo que "cada día sin recursos es un día menos para cumplir".

Respuestas dispersas y riesgo jurídico
Las organizaciones señalaron que han enviado múltiples derechos de petición sin respuesta de fondo. El Ministerio de Hacienda respondió que "la competencia para priorizar, programar y ordenar los giros de los recursos asignados es de la entidad", es decir, de la ARN. Sin embargo, en otro radicado remitió la solicitud al Ministerio de las Culturas, y la Presidencia a la Superintendencia Financiera, entidades que, según las organizaciones afectadas, nada tienen que ver con el desembolso.

La propia ARN habría advertido al Ministerio de Hacienda que mantener esta situación "puede generar riesgos jurídicos, presupuestales, fiscales y disciplinarios para la Administración". Algunas iniciativas han interpuesto tutelas, las cuales han sido admitidas.

 

Es el caso de una de las tutelas interpuesta contra el Ministerio de Hacienda por una de las 44 iniciativas afectadas por el congelamiento de los recursos, el juez falló a su favor al declarar la vulneración del debido proceso, en la práctica presuntamente el demandado no asume el fallo. Es importante resaltar, que fue Ministerio de Hacienda quien congeló los recursos, pero el mismo ministerio solicitó ser desvinculado de la tutela, eludiendo que su acción es causa de la actual situación.

Sin embargo, el juez a la luz de las pruebas le negó la petición al ministerio y le ordenó en un plazo perentorio de 48 horas documentar el origen del bloqueo, su fundamento jurídico, quién lo ordenó y la ruta para levantarlo, además de resolver los oficios remitidos por la ARN en agosto y septiembre que habían sido ignorados. Sin embargo, el Ministerio no entregó una respuesta de fondo ni veraz al fallo, por lo que, hasta ahora, las 44 organizaciones y personas afectadas continúan esperando una definición mientras el cerrojo financiero sigue vigente.

"Es la ruptura de un compromiso de Estado"
Las organizaciones advierten que el incumplimiento "no es un detalle técnico sino la ruptura de un compromiso de Estado asumido en el Acuerdo Final de Paz, que trasciende los periodos de gobierno, y genera la parálisis de procesos de reconciliación en territorios donde la presencia del Estado se mide en su capacidad de cumplir lo que firma".

Las 44 iniciativas exigen respuesta de fondo del director general de la ARN y del Ministerio de Hacienda, el desembolso inmediato y la ejecución antes del 20 de diciembre de 2026. "El Acuerdo de Paz es un compromiso de Estado y no de un gobierno; por tanto, no se defiende con discursos: se defiende cumpliendo", concluye el documento, en relación con un congelamiento que ya está afectando entre 6000 y 8000 personas, no solo firmantes sino a diferentes comunidades de todo el país.