En el sur de La Guajira continúan las quejas por apagones frecuentes, fluctuaciones de voltaje, daños en electrodomésticos, facturas elevadas y demoras en la atención de reclamos. La inconformidad volvió a expresarse en Fonseca, donde organizaciones comunitarias protestaron y cerraron la oficina de Air-e para exigir diálogo, reparación de daños y soluciones concretas.

La situación tiene antecedentes. Air-e asumió en 2020 la operación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras la salida de Electricaribe, empresa intervenida y liquidada por sus problemas financieros, el deterioro de la infraestructura y las fallas en la prestación del servicio.

Aunque la llegada de Air-e fue presentada como una oportunidad para mejorar el sistema, las comunidades se quejan por que persisten los cortes, las variaciones de voltaje, los daños en equipos, las demoras en las reclamaciones y los cobros elevados. Los usuarios también cuestionan cambios de medidores, consumos que consideran injustificados y facturas altas pese a recibir un servicio intermitente.

Air-e sostiene que las tarifas están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y que incluyen los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, restricciones y subsidios. La empresa atribuye las fallas a mantenimientos, daños en las redes, sobrecargas, condiciones climáticas, conexiones ilegales y pérdidas de energía.

Sin embargo, el debate financiero de Air-e no puede analizarse únicamente desde la necesidad de inyectar recursos al sistema. También debe relacionarse con la transición energética que Colombia ha planteado como política de Estado y con la pregunta de fondo sobre qué tipo de sistema eléctrico se quiere construir para regiones como el Caribe y La Guajira.

La transición energética no consiste solamente en instalar paneles solares o construir parques eólicos. Implica transformar la manera en que se produce, transporta, distribuye y consume la electricidad. También exige que las comunidades tengan acceso a un servicio confiable, que los proyectos renovables generen beneficios locales y que la modernización de las redes no se limite a las zonas con mayor capacidad de pago.

En La Guajira, esta discusión tiene una importancia especial. El departamento posee uno de los mayores potenciales de energía solar y eólica del país, pero al mismo tiempo registra comunidades con dificultades para acceder a un servicio eléctrico continuo y de calidad. Una región con abundantes recursos naturales para producir energía limpia continúa enfrentando apagones, redes deterioradas, facturas elevadas y problemas de atención al usuario.

Air-e Intervenida anunció el 26 de agosto de 2026 la suscripción de un contrato con China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC, mediante el cual se gestionará financiación por hasta $1 billón de pesos para proyectos destinados a modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Sin embargo, es importante precisar el alcance real del anuncio. Air-e no informó que ya hubiera recibido un billón de pesos ni que exista un desembolso inmediato por ese monto. Lo anunciado corresponde a un contrato que permitirá gestionar financiación de hasta $1 billón, y los recursos serán utilizados para financiar los proyectos que sean previamente priorizados y aprobados por un comité técnico. 

El contrato tiene una duración de 60 meses y contempla un año de gracia contado desde la entrada en funcionamiento de la infraestructura financiada.

El anuncio ocurre, sin embargo, en un momento especialmente complejo. Mientras la empresa plantea una financiación de gran escala para modernizar la infraestructura del Caribe, comunidades del sur de La Guajira continúan denunciando apagones, fluctuaciones, daños en electrodomésticos y elevados costos. Por esta razón, la financiación anunciada abre nuevas preguntas: la primera es cuánto del billón de pesos llegará realmente a La Guajira, pues el comunicado no establece cuánto dinero será asignado específicamente a cada departamento, ni qué porcentaje será destinado al sur ni cuáles municipios serán priorizados. 

Para comunidades como Fonseca, Barrancas, San Juan del Cesar y otras, no basta con anunciar la posibilidad de conseguir recursos; necesitan conocer qué obras se ejecutarán, en qué circuitos, cuánto costarán y en qué fechas entrarían en funcionamiento.

La crisis de Air-e forma parte de un problema más amplio: La región Caribe arrastra históricamente niveles elevados de pérdidas de energía, redes deterioradas, dificultades de recaudo, conexiones ilegales, pobreza energética y una alta exposición a temperaturas extremas. Las pérdidas están relacionadas con conexiones no autorizadas, manipulación de medidores y consumos que no son facturados. El problema es que el costo de esas pérdidas termina afectando la sostenibilidad financiera de las empresas y presionando las tarifas de los usuarios que sí pagan.

La existencia de parques eólicos o solares no garantiza automáticamente que los habitantes del sur de La Guajira reciban un mejor servicio. La energía producida debe integrarse a redes capaces de transportarla y distribuirla. Si las líneas, subestaciones y transformadores no tienen capacidad suficiente, la transición puede aumentar la generación sin resolver el problema de la calidad del servicio. Por eso, la modernización de la red debe ser una prioridad y la transición energética debe evaluarse por la capacidad de mejorar la vida de los usuarios, reducir la vulnerabilidad de las redes y garantizar continuidad.

La financiación anunciada por Air-e puede contribuir a modernizar la infraestructura, pero no debería convertirse en una solución temporal que cubra déficits sin modificar las causas estructurales. Si los recursos se destinan únicamente a pagar deudas o cubrir gastos urgentes, el sistema podría volver a enfrentar los mismos problemas.

La financiación debe estar acompañada de un plan de transformación con indicadores públicos, que incluya la reducción anual de pérdidas, la disminución de apagones, la reposición de redes y la atención prioritaria a hospitales y usuarios con equipos médicos.

En Fonseca, Óscar Peñaranda, integrante del proceso comunitario que impulsó las protestas, afirmó que la movilización responde a años de interrupciones y falta de respuestas: “La comunidad lo primero que está pidiendo para levantar el paro es que la entidad venga y se siente con nosotros, pero en una postura de diálogo real, porque aquí lo que necesitamos son soluciones. Aquí no necesitamos más excusas”. También exigió reparaciones por los daños en electrodomésticos y cuestionó que se paguen facturas con altos costos por un servicio intermitente.

El conflicto refleja una crisis más amplia del servicio eléctrico en la región Caribe. Air-e heredó problemas históricos, pero también debe demostrar que puede operar con eficiencia, transparencia y resultados. La financiación anunciada deberá estar acompañada de condiciones claras, vigilancia independiente, metas de calidad y mecanismos de compensación para los usuarios afectados. La pregunta central ya no es solamente cuánto dinero puede gestionar Air-e para seguir operando, sino qué cambios estructurales está dispuesto a exigir el Estado para que cada peso financiado contribuya a construir un sistema eléctrico más confiable, más limpio y más justo para La Guajira.

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