El 16 de septiembre de 2026, Sintracarbón realizó una toma pacífica de las sedes administrativas de Cerrejón para rechazar los nuevos requisitos impuestos por la empresa para acceder a viáticos y auxilios de transporte médico. Según el sindicato, el 14 de septiembre la compañía estableció exigencias no pactadas en la Convención Colectiva, como tiquetes, información de acompañantes y soportes médicos adicionales.

 

También dejó de aceptar recordatorios de citas o conversaciones de WhatsApp, restringió el acompañante en ciertas consultas y exigió tiquetes físicos o comprobantes de peajes para desplazamientos terrestres.

Para los trabajadores, estos beneficios son derechos históricos y necesarios porque la atención especializada no siempre está disponible en La Guajira, lo que obliga a desplazarse a Barranquilla. Aunque la empresa alega control y sostenibilidad por el aumento del gasto, Sintracarbón denuncia una modificación unilateral de la Convención Colectiva 2024-2027 y exige reversar los cambios. La protesta no paralizó la extracción ni el transporte de carbón. Si no hay acuerdo, el caso deberá resolverse en instancias laborales.

En paralelo, el sindicato denunció ante la opinión pública y las autoridades cinco irregularidades en el manejo de enfermedades laborales e incapacidades: restricción a los médicos para expedir incapacidades, cuestionamientos a las altas médicas, demoras o negativas en autorizaciones de exámenes y tratamientos, desconocimiento de las recomendaciones de los médicos tratantes por parte de Salud Ocupacional y reintegro de trabajadores sin recuperación completa.

Sintracarbón señala que estas prácticas violan la autonomía médica protegida por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y advierte que Salud Ocupacional de Cerrejón antepone intereses económicos y productivos a la ciencia médica. Como sustento, cita un informe de 2024 del Ministerio del Trabajo según el cual, de 12.874 enfermedades reportadas por 1.044 trabajadores mineros del Caribe, solo 2.342 (18%) fueron reconocidas como laborales, lo que evidencia un subregistro intencional.

El sindicato anunció que explorará una licitación para cambiar de EPS, solicitará a Cerrejón respetar la autonomía médica y usará la Comisión de Servicios de Salud de la Convención Colectiva 2024-2027 para buscar soluciones. De no lograrlo, recurrirá a instancias administrativas, judiciales y sindicales.

La rueda de prensa del 21 de septiembre de 2026, dirigida a periodistas de La Guajira, tuvo como objetivo visibilizar estas violaciones a la Convención Colectiva. El evento se enmarca en el conflicto que el sindicato viene denunciando desde febrero de 2026, cuando rechazó un instructivo empresarial sobre citas médicas por considerarlo ilegal y violatorio de la convención.

Los ejes centrales de la denuncia sindical son tres: violación de la autonomía médica, pues Cerrejón, Colsanitas y las ARL restringen la autonomía de los médicos para expedir incapacidades, cuestionan altas médicas, demoran autorizaciones y desconocen recomendaciones de los médicos tratantes; incumplimiento de la Convención Colectiva, al modificar unilateralmente el artículo 90, que no autoriza restricciones horarias ni económicas para las remisiones médicas de la EPS; y afectación a la salud de los trabajadores, al desnaturalizar la Ley 2466 de 2025, que obliga al empleador a conceder permisos remunerados para la atención médica sin sanciones ni reposición de tiempo.

Con esta denuncia, Sintracarbón busca presionar a Cerrejón para que respete los derechos convencionales y la autonomía médica de los trabajadores.