El asesinato de José Deifler Giraldo y su hijo Yerlin Andrey Giraldo en Cajibío, Cauca, eleva a 10 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en lo que va de 2026. Cuatro de ellos han sido asesinados desde la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, lo que representa el 40 % del total en solo tres semanas. A esto se suma el congelamiento por parte del Ministerio de Hacienda de recursos asignados para impulsar diversas iniciativas de reincorporación.

La noche del 28 de agosto en Cajibío
José Deifler Giraldo y su hijo Yerlin Andrey Giraldo, ambos firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, fueron asesinados en la vereda La Primavera, municipio de Cajibío, Cauca. De acuerdo con INDEPAZ, ambos habían sido citados en el lugar por un grupo armado. Sus cuerpos fueron dejados con un cartel en el que eran señalados como presuntos colaboradores de las FARC.

Con estos dos casos, ya son 10 los firmantes de paz asesinados en Colombia durante 2026, y 4 de ellos han sido asesinados desde la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto.

La tendencia confirma los temores expresados por los firmantes antes de la posesión. En junio de 2026, los excombatientes enviaron una carta abierta al entonces presidente electo pidiendo garantías de seguridad. En agosto, siete firmantes radicaron un derecho de petición formal para conocer qué pasaría con la reincorporación, las garantías de seguridad y la implementación del Acuerdo.

Los fondos para reincorporación, congelados
A la crisis de seguridad se suma una crisis económica. De acuerdo con funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), algunos fondos para las iniciativas de reincorporación han sido congelados por el Ministerio de Hacienda.

La preocupación no es nueva. En julio de 2026, incluso antes de la posesión de De la Espriella, la directora de la ARN, Alejandra Miller, ya había advertido que más de 11 mil firmantes de paz se quedarían sin el apoyo del Estado para terminar su proceso de reincorporación o mantener sus proyectos productivos. Miller calificó la situación como "grave" y recordó que el Acuerdo de Paz "no es un acuerdo de gobierno, no depende del capricho de quienes lleguen al poder".

En julio de 2026, la ARN pidió formalmente al presidente electo garantizar el presupuesto para 2027 y conservar la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz. "Durante este año la ARN sigue funcionando con el presupuesto que le fue asignado para 2026, pero esperaríamos que para 2027 se sostenga no solamente el presupuesto, sino la institución como tal", afirmó Miller. La directora fue enfática: "El gobierno que no cumpla con el Acuerdo y con su implementación es un gobierno que rompe la institucionalidad de este país".
 

En abril de 2026, incluso antes del cambio de gobierno, ya se habían denunciado bloqueos administrativos y retrasos en los pagos del Fondo Colombia en Paz, la entidad clave para la ejecución de recursos destinados al posconflicto. Contratistas vinculados a la implementación del Acuerdo habrían trabajado varios meses sin recibir pago.

Mientras que para el 2026 la ARN tiene aprobado un presupuesto cercano a los 361 mil millones de pesos, asignado por el anterior gobierno de Gustavo Petro, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, radicado por el gobierno de De la Espriella el pasado 27 de agosto, le asigna apenas 226 mil millones de pesos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esto representa un recorte de 135 mil millones de pesos (cerca del 37 %), lo que en la práctica imposibilita el desembolso de recursos para nuevos proyectos productivos y deja en el limbo a los más de 11 mil firmantes que aún esperan el apoyo estatal para su estabilización socioeconómica.

Los firmantes han sido claros: la paz "no es un programa de gobierno ni una concesión transitoria de un mandato a otro". Pero los hechos hablan por sí solos: 10 asesinatos en 2026, 4 de ellos en las primeras tres semanas del gobierno de De la Espriella, fondos congelados, y una estructura constitucional creada con el Acuerdo de Paz firmado 2016 entre el Estado y las antiguas FARC, en la mira del nuevo presidente, deja más incertidumbres que garantías.

Desde antes de posesionarse, De la Espriella dejó clara su postura. El 14 de julio de 2026, en una alocución como presidente electo, ya anunció que eliminaría la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y trasladaría la Unidad de Implementación del Acuerdo Final a un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. También declaró que no habría más procesos de "falsa paz" en su gobierno y que, si de él dependiera, eliminaría "con un plumazo" componentes del Acuerdo como la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

Mientras las familias de Cajibío lloran a dos de los suyos y más de 11 mil firmantes ven con incertidumbre el futuro de la implementación del acuerdo de paz ¿El gobierno de De la Espriella cumplirá con la obligación nacional e internacional del Estado colombiano de proteger la vida de los firmantes y garantizar los recursos para su reincorporación o los primeros 23 días de su mandato son apenas el anticipo de lo que viene?