Entre las ruinas, el negocio

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto deja hasta el momento un saldo de centenares de muertos y desaparecidos, miles de heridos y pérdidas materiales incalculables. Esta tragedia que, en cualquier país con un mínimo de soberanía, habría convocado la solidaridad internacional sin condiciones ni selectividades; no obstante, el nuevo gobierno ha actuado en contravía de este imperativo.

Lo que ocurrió después revela no solo una emergencia sísmica, sino también la lógica con la que se administra el poder en un Estado subordinado a intereses extranjeros, en este caso de EE. UU. e Israel.

El gobierno de Abelardo De la Espriella rechazó la ayuda humanitaria ofrecida por México, Brasil y China desde el primer día del terremoto. En cambio, pasadas 72 horas aceptó delegaciones de Estados Unidos e Israel, y pasando por encima del clamor popular, Recibió una comitiva israelí de 82 integrantes denominada "Alianza de Hermanos", conformada por miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). El presidente agradeció personalmente a Benjamín Netanyahu —señalado por la Corte Penal Internacional como responsable de crímenes de guerra en el marco del genocidio y la limpieza étnica contra el pueblo palestino, con más de 73.000 hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados— y calificó el vínculo como "una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo".

Esto es un claro alineamiento político, el cual, en la periferia del sistema internacional, nunca es gratuito: se paga con territorio, con recursos y con entrega de soberanía.

La ayuda que no es ayuda
La delegación incluye reservistas que fueron "convocados para viajar". Su ingreso ha generado cuestionamientos legítimos en el Congreso: la senadora de oposición Carolina Corcho por ejemplo exigió aclarar si el personal está autorizado para portar armamento y si se trata, en los hechos, de tropas extranjeras operando en suelo colombiano, lo cual requeriría autorizaciones constitucionales específicas. 
Pero más allá del trámite parlamentario, que queda enredado en la burocracia, lo que ha estallado es el repudio por parte de comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos, que no olvidan el genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina y el Líbano. El pueblo colombiano sabe lo que significa la presencia militar israelí dondequiera que se instale.

En la comitiva destaca el capitán Roni Kaplan, vocero del ejército sionista para el mundo hispanohablante: el encargado de blanquear ante los medios masivos el genocidio en Palestina, el asesinato de más de 20.000 niños y niñas, 1.700 trabajadores de la salud, más de 270 periodistas de acuerdo a organismos internacionales como la ONU. 

En Colombia sabemos que no viene a rescatar víctimas. Viene a legitimar una maquinaria de muerte presentándola como cooperación técnica.

El fuego como segundo frente
Mientras la atención popular está focalizada en la catástrofe desencadenada por el terremoto, Colombia arde por los cuatro costados. Treinta y dos incendios forestales activos en plena sequía han consumido miles de hectáreas de norte a sur. Las autoridades reconocen que muchos son provocados. El alcalde de Ocaña, donde se quemaron 1.000 hectáreas, lo dijo sin rodeos: "Estos incendios son provocados todos". En Cundinamarca, entre enero y agosto de 2026 se reportaron 532 incendios; solo en agosto, 108.

La quema provocada es un método. Donde arde el monte, se despeja el camino para el cambio de uso del suelo, para la expansión agroindustrial, para la especulación inmobiliaria, para la entrega de territorios que antes eran reservas, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La tierra que era de quien la trabajaba pasa a ser de quien la puede comprar después del desastre. Es la forma más antigua de acumulación: despojar para apropiarse.

La doctrina del shock como política de Estado
Para millones de colombianos, el panorama es claro: terremoto + crisis + fuego + intereses extranjeros. Y no es paranoia. Naomi Klein lo sistematizó con el nombre de "doctrina del shock": los desastres —naturales o provocados— se aprovechan para imponer políticas que en tiempos de normalidad serían rechazadas por la población. El trauma colectivo desorganiza la resistencia social, y en ese vacío se firman contratos, se abren territorios, se instalan dispositivos de control.

¿Fracking? La llegada de personal militar israelí con experiencia en "sistemas de mapeo rápido" podría servir para identificar zonas con recursos naturales estratégicos: agua, litio, hidrocarburos, biodiversidad. En redes sociales circulan denuncias sobre "soldados disfrazados de rescatistas" que buscarían "instalar bases militares y posteriormente saquear los recursos naturales". No hay aún pruebas documentales, pero el antecedente colonizador no requiere pruebas: es un patrón histórico. Primero se entra con la bandera humanitaria; después se queda con la bandera del capital.

El vínculo histórico.

Israel ha sido proveedor clave de doctrina contrainsurgente en Colombia. No es una relación nueva. Carlos Castaño, cofundador de las AUC (cercano al De la Espriella), pasó un año en Israel y lo admitió sin pudor: "Copié el concepto de autodefensa de los israelíes; cada ciudadano de ese país es un soldado potencial". El teniente coronel israelí Yair Klein entrenó paramilitares en Puerto Boyacá en técnicas de explosivos y ejecuciones selectivas. La cooperación militar entre ambos Estados tiene décadas, y siempre ha apuntado en la misma dirección: controlar territorios, disciplinar poblaciones, garantizar que los recursos fluyan hacia arriba y hacia afuera.

El antecedente regional.

En Argentina, guardaparques y comunidades han denunciado la presencia de "exsoldados israelíes con comunicadores satelitales" en zonas afectadas por incendios en la Patagonia. El periodista Alberto Mas lo resumió: "La Patagonia está siendo prácticamente invadida por sectores sionistas". No se trata de un caso aislado. Es un modelo que se replica allí donde hay tierra, agua y Estados dispuestos a abrir la puerta.

Venezuela: el shock ya ensayado al lado.

Lo que hoy se intenta en Colombia ya se ejecutó en el vecino inmediato, y con la misma secuencia. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la llamada "Operación Resolución": una operación militar a gran escala en Caracas en la que secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, llevados luego a Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo. Menos de seis meses después, Venezuela fue golpeada por dos terremotos devastadores que dejaron según datos de la agencia de noticias DW más de 6 mil muertos y miles de desaparecidos. El pueblo quedó en shock. Y en medio del trauma, Trump el presidente de EE.UU anunció sin pudor que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, presentándolo como "pago" por haber supuestamente "construido" la industria petrolera venezolana. Trump lo dijo explícitamente: "al vencedor le pertenece el petróleo". Es un manual aplicado. Primero se decapita la soberanía, después tiembla la tierra, y entre el polvo se renegocia quién manda y quién se queda con los recursos. 

Colombia no está lejos de ese guion: está, con otro libreto y otros tiempos, en la misma parrilla.

Lo que tiembla no es solo la tierra
Lo que el terremoto dejó al descubierto no es únicamente la fragilidad de la infraestructura. Es la estructura de clases que gobierna el país: un Estado que protege a las élites extractivistas, que subordina la política exterior a los intereses del capital transnacional, que trata al pueblo como variable descartable y al territorio como mercancía en subasta.

El rechazo a la ayuda de México, Brasil y China es una decisión de clase: se prefiere la tutela del eje Washington-Tel Aviv antes que la cooperación Sur-Sur, porque la primera garantiza la continuidad del orden que beneficia a quienes gobiernan; la segunda, en cambio, podría cuestionarlo.

La doctrina del shock es una estrategia verificada históricamente: aplicada en Chile después del golpe de 1973, en Irak después de la invasión de 2003, en Nueva Orleans después del huracán Katrina, en Haití después del terremoto de 2010, en Venezuela después de la captura de su presidente y los dos sismos que siguieron. Y ahora, con terremotos e incendios simultáneos, se intenta aplicar en Colombia.

El nuevo gobierno, ilegítimo y fraudulento, ha abierto las puertas a un actor militar condenado por crímenes de guerra mientras el país arde y tiembla. Esto no es coincidencia. 
Frente a este panorama, la única respuesta posible es la organización popular, la memoria histórica como eje de lucha y el fortalecimiento de la conciencia política y social.

Nota: Las catástrofes no son neutrales. Nunca lo han sido. A quién se deja entrar, a quién se deja saquear y a quién se deja morir son decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen nombre, apellido y clase.