Durante años, llevar agua de la represa El Cercado hasta las comunidades de La Junta, La Peña y Curazao ha sido una de las necesidades más reclamadas por sus habitantes.

Sobre el papel, el proyecto tiene una dimensión considerable: dos contratos cuyo valor conjunto se aproxima a los $35.000 millones, destinados a construir la infraestructura necesaria para conducir el agua desde el sistema de la represa, llevarla hasta la planta de tratamiento de San Juan del Cesar y, posteriormente, distribuirla hacia los tres corregimientos.

Pero entre una obra terminada en documentos y una familia abriendo la llave de su casa hay un recorrido que todavía debe completarse.

El agua tiene que recorrer dos tramos
El primer contrato es el No. 001 de 2024, suscrito por ESEPGUA S.A. E.S.P. con el Consorcio Mejoramiento Acueducto San Juan, por $10.247.917.646,60.
Su objeto es la construcción de la línea de aducción desde la válvula ADR de la represa del río Ranchería hasta la PTAP de San Juan del Cesar. Es decir, este contrato no lleva directamente el agua hasta las viviendas de La Junta, La Peña y Curazao. Su función es construir el primer tramo del recorrido: llevar el recurso desde el sistema de la represa hasta la planta donde debe ser tratado.

El segundo tramo está contemplado en el Contrato de Obra No. 209 de 2025, suscrito entre ESEPGUA y el Consorcio AGE0219, cuyo objeto es la construcción de la línea de conducción desde la PTAP de San Juan del Cesar hasta La Junta, La Peña y Curazao.
Este segundo contrato tiene un valor de $24.745.009.751 y un plazo inicial de 12 meses, contados a partir del acta de inicio.
La suma de ambos contratos llega a $34.992.927.397,60. Casi 35.000 millones de pesos para construir el camino que debe llevar el agua desde El Cercado hasta los tres corregimientos.

El primer tramo: 99 % de avance, pero todavía no era agua en las casas
Los documentos del Contrato 001 muestran una historia marcada por suspensiones, prórrogas y dificultades técnicas relacionadas con la conexión al sistema administrado por la ADR.
El contrato fue firmado el 4 de enero de 2024, tuvo acta de inicio el 29 de abril de ese año y originalmente debía terminar el 29 de octubre de 2024.
Sin embargo, el proceso tuvo diferentes suspensiones, reinicios y prórrogas. El Modificatorio No. 4, firmado el 23 de junio de 2026, llevó la fecha contractual de terminación hasta el 24 de julio de 2026.
Entre las situaciones documentadas aparecen dificultades para disponer de tubería, condiciones climáticas, trabajos pendientes relacionados con la infraestructura de la represa y, especialmente, la necesidad de realizar mantenimiento y obtener las condiciones técnicas para conectar la línea en el punto K15+600.

En diciembre de 2025, incluso, ESEPGUA acudió a una tutela relacionada con la autorización para realizar la conexión.
Posteriormente, la ADR adelantó trabajos de mantenimiento y pruebas hidráulicas. El documento señala que el 17 de junio de 2026 la ADR informó que había culminado satisfactoriamente las pruebas hidráulicas y las verificaciones de la tubería entre la represa y el punto K15+600, dejando habilitada la infraestructura para suministrar agua a la línea de aducción hacia la PTAP de San Juan.

Pero aquí aparece una diferencia fundamental. El Modificatorio No. 4 señala que el proyecto había alcanzado aproximadamente el 99 % de avance físico, pero también deja claro que todavía estaban pendientes actividades de verificación, validación técnica y puesta en operación. Tener la obra físicamente casi terminada no significaba todavía que el sistema estuviera entregando agua potable de manera permanente a las comunidades.

El segundo tramo: otros $24.745 millones
Mientras el primer contrato corresponde al trayecto entre la represa y la planta de tratamiento, el Contrato 209 de 2025 aborda el tramo que debe llevar el agua desde la PTAP hasta La Junta, La Peña y Curazao.
El contrato fue adjudicado el 21 de agosto de 2025 al Consorcio AGE0219, después del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 001 de 2025.
Su valor es de $24.745.009.751 y contempla un plazo de 12 meses.

El contrato también establece que el contratista recibiría un anticipo equivalente al 30 % del valor contractual, sujeto a las condiciones previstas en el documento y al manejo mediante un patrimonio autónomo vigilado por la interventoría.

Pero el dato que hoy cobra mayor importancia es el avance de esta segunda obra.
De acuerdo con la información documental revisada para este reportaje, el contrato presentaba un avance reportado de aproximadamente 42 % a 43 %.

Esto significa que, mientras el primer tramo aparecía con un avance físico cercano al 99 %, el segundo —el que debe conducir el agua desde la planta hacia los tres corregimientos— todavía estaba considerablemente por debajo de la totalidad de la obra.

En este punto, la discusión deja de ser únicamente sobre porcentajes de ejecución.
Porque una obra de acueducto tiene varias etapas que deben funcionar como una cadena:
Represa → conducción → conexión → PTAP → tratamiento → línea de conducción → corregimientos → viviendas.

Si una de esas piezas no está lista o no funciona de manera integrada, el agua no completa el recorrido. Por eso, decir que una obra tiene un determinado porcentaje de avance físico no equivale necesariamente a decir que el servicio ya está disponible para los usuarios.

Y esa es precisamente la pregunta que permanece para las comunidades de La Junta, La Peña y Curazao: ¿Cuándo podrán abrir la llave y tener agua potable de manera permanente?
Detrás de los contratos, las cifras y los porcentajes están las familias que llevan años esperando una solución definitiva.

En el proceso también han surgido preocupaciones de la comunidad relacionadas con el estado de las obras, dificultades en algunos tramos de la infraestructura existente y situaciones laborales reportadas alrededor de los trabajadores vinculados al proyecto. Estos aspectos requieren ser contrastados con el contratista, la interventoría y ESEPGUA antes de establecer responsabilidades.

Lo que sí muestran los documentos es que el proyecto no ha tenido un camino lineal.
El primer contrato pasó de una fecha inicial de terminación en octubre de 2024 a una nueva fecha contractual en julio de 2026, después de varias suspensiones y prórrogas. El segundo contrato, por su parte, tiene como propósito completar el recorrido desde la planta de tratamiento hasta los tres corregimientos.

Casi $35.000 millones y una pregunta pendiente
La inversión prevista en los dos contratos asciende a $34.992.927.397,60.
Una cifra que obliga a mirar el proyecto más allá de los metros de tubería instalados, los porcentajes de avance o las actas contractuales.
El camino desde El Cercado hasta La Junta, La Peña y Curazao todavía debe completar esa última prueba: convertir una infraestructura cercana a los $35.000 millones en un servicio que efectivamente llegue a las familias.