Mientras en el Congreso avanzan iniciativas que plantean una reducción de $170.000 millones frente al presupuesto solicitado para 2027 —con $140.000 millones menos en inversión y $30.000 millones menos en funcionamiento—, también se discuten propuestas para limitar a diez años el funcionamiento de la JEP. Según la propia Jurisdicción, esto llevaría a una eventual terminación de sus actividades en marzo de 2028 y al traslado de procesos pendientes a la justicia ordinaria.

La discusión suele concentrarse en el presupuesto, las reformas jurídicas y el debate político sobre su continuidad, pero detrás existe una dimensión territorial con consecuencias concretas para las víctimas. La reducción de recursos no se traduce únicamente en menos oficinas o gastos administrativos: afecta una estructura que aún tiene procesos judiciales abiertos y, sobre todo, proyectos de reparación que apenas entran en su etapa de implementación.

El Subcaso Costa Caribe del Caso 03
El ejemplo más claro está en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate. La sentencia contra doce máximos responsables quedó en firme el 1 de julio de 2026, pero su fase restaurativa requiere varios años de ejecución y la participación coordinada de entidades nacionales y territoriales. De esa sentencia surgieron proyectos que involucran directamente a Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena.

Los seis proyectos restaurativos

1. Plan Integral de Memorialización. Diseñado para reparar a víctimas mediante acciones de memoria. Contempla el Parque Memorial "Albeiro Flórez y Edgar Beltrán" en Luruaco, infraestructura memorial en el Batallón La Popa, dispositivos de memoria en diferentes ciudades, piezas comunicativas, actos de reparación simbólica y un mausoleo de 700 osarios con lápidas en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar. Duración aproximada: dos años y nueve meses. Presupuesto preliminar: $7.043.655.663. Entidades responsables: Ministerio del Interior, ARN, Ministerio de las Culturas, Ministerio de Defensa, Centro Nacional de Memoria Histórica, Gobernación del Atlántico y alcaldías de Valledupar, San Juan del Cesar y Luruaco.

2. "Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural, Sembradores de Amor y Paz". Previsto para Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, incluyendo el territorio del Consejo Comunitario Kusuto Ma-Gende. Duración aproximada: dos años y seis meses. Presupuesto estimado: $7.148.857.416. Combina reparación de víctimas con actividades productivas y conservación de ecosistemas: adecuación de predios, infraestructura productiva, sistemas de riego, conservación y restauración ambiental, apoyo logístico y acciones de memoria y divulgación. Involucra a la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el SENA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Unidad de Restitución de Tierras y la Gobernación del Cesar.

3. Casa Cultural "Nelson Enrique Romo Romero". Destinada a la comunidad de Badillo, su pueblo afro y víctimas del conflicto. Duración aproximada: dos años y cinco meses. Presupuesto estimado: $5.747.725.326. Contempla construcción y dotación de infraestructura para actividades formativas, artísticas, de memoria y gestión comunitaria. Vincula al Ministerio de las Culturas, el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la ARN, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar.

4. Centro de Armonización para el Buen Vivir de las familias del Pueblo Indígena Kankuamo. Corregimiento de La Mina, Cesar. Proyectado para ocho años, con inversión estimada de $27.547.433.795. Contempla infraestructura cultural, una Kankurua, fortalecimiento organizativo, revitalización del sistema de cuidado y justicia con enfoque de género, mujer, familia y generaciones, adecuación de vías y acciones de restauración, rehabilitación y recuperación del bosque seco tropical y de sitios sagrados. Involucra a la ARN, la OIM, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, la Gobernación del Cesar y el Pueblo Kankuamo. La ARN, mediante el Fondo Colombia en Paz, encontró inicialmente viable una financiación de $9.246 millones para la construcción del Centro, con base en estudios, diseños y un predio legalizado en La Mina.

5. "Casas Multipropósito: sanando memorias, reconstruyendo vidas". Se desarrollará en Cesar y Magdalena. Duración aproximada: cuatro años y dos meses. Presupuesto estimado: $22.803.588.195. Busca la restauración y reparación de víctimas mediante memoria histórica, reconocimiento cultural, atención integral en salud mental y apoyo psicosocial.

6. Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa. La Guajira. Duración estimada: ocho años. Presupuesto preliminar: $15.804.893.082. Diseñado para la conservación cultural, la dignificación y recuperación del buen nombre y el territorio del pueblo Wiwa frente a los daños del conflicto armado. Contempla un espacio físico, cultural y espiritual para la memoria, el encuentro y la formación, además del fortalecimiento de la identidad cultural, los saberes ancestrales, los usos y las costumbres. Entidades encargadas: Unidad de Restitución de Tierras, Sociedad de Activos Especiales, Gobernación de La Guajira y Alcaldía de San Juan del Cesar.

La cadena de financiación
La financiación no depende exclusivamente de la JEP. La Jurisdicción explica que no tiene a su cargo financiar directamente la ejecución de las iniciativas restaurativas: la ARN administra la subcuenta "Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas" del Fondo Colombia en Paz, destinada a financiar acciones derivadas del Acuerdo Final y a garantizar componentes de ejecución de las sanciones, entre ellos alimentación, alojamiento, movilidad, seguridad social y costos directos e indirectos de las actividades restaurativas.

En 2025 la JEP recibió $30.130 millones para el funcionamiento del Sistema Restaurativo, destinados a implementar rutas restaurativas, diseñar acciones de memoria y reparación simbólica, fortalecer la verificación judicial del cumplimiento, documentar y sistematizar los TOAR y garantizar las condiciones de participación de los comparecientes. Estos recursos no pueden utilizarse directamente para financiar la ejecución material de los proyectos.

Plazos y riesgos
La Sección de Apelación estableció un plazo máximo de seis meses, contado desde la notificación de la Sentencia TP-SA-SP 621 de 2026, para que el DAPRE, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Ministerio de Justicia culminen las gestiones técnicas, financieras, administrativas, presupuestales, contractuales, prediales y de licenciamiento necesarias para poner en marcha los proyectos del Subcaso Costa Caribe.

En ese mismo plazo deben entregarse cronogramas definitivos, fichas de viabilidad, actos de apropiación y traslado presupuestal, documentos sobre disponibilidad de predios y licencias o autorizaciones.
Para el mausoleo de 700 osarios del Cementerio Ecce Homo, el Ministerio del Interior ya destinó $423 millones; el Fondo Colombia en Paz encontró viable inicialmente la financiación del Centro de Armonización Kankuamo, y existen recursos de cooperación internacional vinculados a proyectos restaurativos.

Una eventual reducción de las funciones de la JEP no significa automáticamente que cada proyecto desaparezca, pero introduce un riesgo sobre la coordinación, seguimiento, verificación judicial y articulación institucional necesarios para garantizar el cumplimiento de las sanciones, especialmente cuando algunas iniciativas tienen horizontes de ocho años mientras se plantea una eventual terminación en marzo de 2028.

Dimensión de lo que está en juego
Los seis grandes proyectos restaurativos identificados suman, de manera preliminar, alrededor de $86.096 millones en presupuestos estimados, aunque la JEP advierte que son valores indicativos y sujetos a revisión. La cifra no representa necesariamente dinero ya apropiado, contratado o desembolsado, pero permite dimensionar la magnitud de las iniciativas que deben pasar de los documentos judiciales a la ejecución territorial.

El contraste es significativo en La Guajira y Cesar, donde existen proyectos de ocho años como el Centro OMONAPA del Pueblo Wiwa y el Centro de Armonización Kankuamo, mientras el debate político plantea reducir el período de la institución que dicta, verifica y acompaña las sanciones restaurativas. El futuro de estas iniciativas dependerá no solo de la supervivencia institucional de la JEP, sino de las decisiones presupuestales, administrativas y contractuales del Gobierno Nacional, la ARN, el Fondo Colombia en Paz, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías involucradas.

 

El debate sobre el debilitamiento de la JEP es también un debate sobre la continuidad de la reparación en los territorios.