En un comunicado conjunto, defensores de derechos humanos provenientes de siete departamentos del país del centro occidente del país, reunidos el 5 de septiembre en la ciudad de Armenia, alertaron sobre lo que calificaron como una "brutal arremetida" del actual gobierno contra la población colombiana, y convocaron a un Encuentro Nacional para el próximo 10 de diciembre en Bogotá con el fin de articular una respuesta unificada.

En el comunicado los defensores de DD.HH, y las organizaciones que integran —la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Sociales, Agrarias y Populares del Centro Occidente Colombiano (CISA) y la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ Eje Cafetero)—  rechazaron la decisión del gobierno de revivir el reclutamiento forzoso para la prestación del servicio militar, una medida que, según denuncian, busca profundizar la guerra y facilitar el saqueo de los recursos naturales por parte de transnacionales y los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

Recientemente, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz emitió una denuncia pública dirigida al Ejército Nacional y al Gobierno Nacional sobre un presunto intento de reclutamiento de jóvenes, incluidos menores de edad, en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander. Los defensores señalan que la medida afectará principalmente a jóvenes de estratos 1 y 2, de todo el país, es decir, a los sectores más humildes de la población. El nuevo gobierno ha propuesto mantener el reclutamiento obligatorio como parte de su estrategia de seguridad, pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos.

Bombardeos indiscriminados: menores entre las víctimas
El comunicado también rechaza los bombardeos indiscriminados que se han ejecutado en distintos puntos del país, en los que han muerto campesinos y menores de edad. Esta denuncia encuentra respaldo en hechos recientes: en junio de 2026, un bombardeo contra el Clan del Golfo en Nuquí, Chocó, dejó nueve muertos, entre ellos cuatro menores de edad. Asimismo, la Defensoría reportó que tres menores murieron en un bombardeo en El Retorno, Guaviare, ocurrido el 27 de agosto de 2026. En total, 73 niñas, niños y adolescentes habrían muerto en operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026.

Ola de violencia contra líderes sociales en Colombia: cinco asesinatos en una semana
En los últimos ocho días, al menos cinco líderes sociales han sido asesinados en Colombia en tres ataques distintos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Valle del Cauca, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Tres líderes comunitarios hallados sin vida en límites entre Meta y Caquetá
El 27 de agosto de 2026, habitantes del sector Brisas de Lozada, en la jurisdicción de La Macarena (Meta), en límites con Caquetá, encontraron los cuerpos sin vida de Diego Mappe, Jhon Cerquera y Francisco Melenje. Los tres eran líderes comunitarios reconocidos por su trabajo en el desarrollo y consolidación del antiguo asentamiento Nueva Colombia, actualmente conocido como caserío La Dignidad, en San Vicente del Caguán.  

Alrededor de 2.500 familias del caserío La Dignidad se mantienen en incertidumbre por posibles desalojos, mientras el predio —propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)— lleva más de diez años sin una definición clara sobre su situación.  https://acortar.link/Ba2Qjf 

Este crimen corresponde a la masacre número 86 documentada este 2026.
Pareja de líderes asesinada en su vivienda en Cajibío, Cauca

En la madrugada del 1 de septiembre de 2026, hombres armados irrumpieron en la vivienda que compartía la pareja de esposos conformada por María Ovidia Palechor Anacona y James Edimer Flor, en la vereda Buenavista del corregimiento de La Pedregosa, municipio de Cajibío (Cauca), y les dispararon repetidamente. “En una zona fuertemente militarizada se cometió con toda impunidad este horrendo crimen”.

María Ovidia Palechor era una reconocida lideresa indígena del pueblo yanakuna y coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Había sido vocera de las comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa —declarado como tal en 2021.

James Flor era un reconocido líder campesino, coordinador de la Mesa de Víctimas del municipio de Cajibío y directivo de la Asociación de Víctimas ASOVIJUD. Había cursado estudios de Derecho. En lo que va de 2026, el Cauca ya suma 22 líderes sociales asesinados.

Joven de la "primera línea" asesinada en Cali
En la ciudad de Cali, una mujer de 22 años, vinculada a las movilizaciones de la "primera línea", fue baleada por sicarios en un ataque que, según las organizaciones, responde a su defensa de la resistencia y la lucha por la dignidad. Las autoridades no han entregado información oficial sobre su identidad ni sobre los avances en la investigación.

Las organizaciones que integran —CISA, y los defensores de Derechos Humanos reunidos— denunciaron que estos crímenes no son casos aislados y advirtieron que "van a haber más" si no se frena lo que califican como una escalada paramilitar. Frente a los crímenes contra los luchadores sociales y populares, las organizaciones llaman a levantar "la bandera de la más férrea defensa de la vida, la paz, la democracia y contra el fascismo".

Glifosato y amenaza a los páramos
Los defensores también rechazan la fumigación con glifosato en extensas áreas campesinas. El 18 de agosto de 2026, el Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que desde 2015 mantenía suspendida la aspersión aérea con este herbicida, reabriendo la puerta a una práctica que había sido cuestionada por sus efectos en la salud y el medio ambiente.

En cuanto al páramo de Santurbán, el Ministerio de Ambiente revocó el 13 de agosto una resolución que prohibía la minería en la quebrada La Baja, una medida que había tenido apenas dos semanas de vigencia. Organizaciones mineras denunciaron que el Gobierno estaría "entregando oficialmente el Páramo de Santurbán a la minería criminal".

Incendios en el Tolima y devastación ambiental
Los defensores señalan que las quemas provocadas de bosques en el departamento del Tolima y otras regiones facilitarían la apropiación de territorios por parte de terratenientes y transnacionales. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Tolima concentra la mayor cantidad de emergencias por incendios, con siete conflagraciones activas en seis municipios y más de 50.000 hectáreas afectadas. En total, los incendios han consumido más de 30.000 hectáreas en el país.

Ataque al SENA y concentración de la riqueza
El comunicado también advierte sobre el recorte al presupuesto del SENA, con la intención de privatizarlo. Según datos oficiales, el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Aprendizaje para 2026 asciende a $6.39 billones, pero persiste un déficit que, según la Cámara de Representantes, supera el billón de pesos y limita el cumplimiento de programas clave.

En materia económica, los defensores denuncian el acrecentamiento de la concentración de la riqueza. Un informe de Oxfam publicado en enero de 2026 reveló que solo cuatro multimillonarios en Colombia acumulan cerca de US$42.000 millones (aproximadamente $168 billones), ubicando al país como el cuarto de América Latina con mayor concentración de riqueza.

Terremoto: damnificados sin respuestas
A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó principalmente a Cali y otras regiones, los defensores denuncian que las familias damnificadas no ven perspectivas para salir de la crisis. “Millares de pequeños y medianos comerciantes, jóvenes profesionales que dejaron en el piso sus sueños al ver cómo sus consultorios y oficinas se destruyeron sin que haya salidas desde el alto gobierno para recuperar sus sueños, en las ciudades donde el terremoto hizo gravísimas destrucción de viviendas, los especuladores incrementaron de forma irracional los arrendamientos sin que se tomen medidas de control por parte de los entes territoriales ni del gobierno central, las tarifas de los servicios públicos continúan acechando a los damnificados como si nada hubiera pasado”. Dice el comunicado.

Frente a este panorama, los defensores convocaron al Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos por la Paz, la Democracia, contra el Fascismo y por la Soberanía Nacional, que se realizará el 10 de diciembre de 2026 en Bogotá. El objetivo es aprobar una plataforma común de lucha y una agenda de movilizaciones que exija al gobierno a escuchar a la ciudadanía.