El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el 27 de agosto su propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones. La cifra supera en $59,3 billones el proyecto de $575,6 billones que había dejado radicado la administración del pasado gobierno de Gustavo Petro, lo que representa un aumento aproximado del 10,3 %.

También es superior al presupuesto aprobado para 2026, estimado en $555,8 billones. Frente a ese monto, el incremento sería cercano al 14,2 %.
El dato contradice una de las principales promesas de campaña de De la Espriella: reducir el gasto, combatir el despilfarro y aplicar una política de austeridad en el Estado. El primer presupuesto de su administración, sin embargo, no reduce el tamaño del gasto público. Lo aumenta de manera considerable.

La diferencia no es menor. $59,3 billones equivalen a una suma capaz de financiar durante años programas sociales, proyectos de infraestructura, inversión territorial, educación, salud o vías rurales. Por eso, más allá de la cifra global, la pregunta central es qué explica ese aumento y en qué se utilizarán los recursos adicionales.
El Gobierno sostiene que el proyecto anterior no reflejaba adecuadamente algunas obligaciones fiscales. Entre ellas estarían compromisos relacionados con pensiones, salud, transferencias, funcionamiento estatal, servicio de la deuda y ajustes asociados a Colpensiones. También argumenta que fue necesario actualizar las cuentas debido a cambios en las condiciones económicas y a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto.

Esos argumentos pueden explicar una parte del incremento. Un presupuesto nacional no funciona como el de una familia que puede suspender fácilmente determinados gastos. Buena parte de las obligaciones del Estado están respaldadas por la ley y no pueden eliminarse de un momento a otro. Las pensiones, las transferencias territoriales, el sistema de salud, el funcionamiento institucional y el pago de la deuda tienen compromisos previamente adquiridos.

Sin embargo, esa explicación no resuelve toda la discusión. Si el presupuesto presentado por el Gobierno Petro estaba subestimado o tenía errores de cálculo, la respuesta no necesariamente debía ser un proyecto mucho más grande. Por eso, el Gobierno tiene la obligación de explicar con precisión cuánto del aumento corresponde a obligaciones inevitables, cuánto responde a nuevas decisiones políticas y cuánto se destinará realmente a inversión.

El proyecto de Petro ya había sido cuestionado por presentar un faltante aproximado de $30,2 billones. Es decir, no se trataba de una propuesta plenamente financiada y dependía de la obtención de recursos adicionales. El nuevo Gobierno, después de revisar las cuentas, no presentó un presupuesto más austero, sino uno considerablemente mayor.

La situación resulta aún más delicada porque el nuevo escenario fiscal contempla un crecimiento económico de apenas 1,8 % para 2027, inferior al 2,2 % previsto en el proyecto anterior. La combinación de menor crecimiento esperado y mayor gasto público exige una explicación detallada. Si la economía creciera menos, el Gobierno deberá demostrar de dónde saldrán los recursos para sostener un presupuesto que aumenta en más de $59 billones.

El debate sobre la deuda también requiere precisión. En redes sociales circula la afirmación de que la administración de De la Espriella necesitaría $238 billones de nueva deuda para financiar el presupuesto de 2027. Esa cifra no puede presentarse como un hecho confirmado sin revisar el proyecto completo, el plan financiero y la desagregación de las necesidades de financiamiento.

No es lo mismo hablar del presupuesto total, el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento, las emisiones de deuda o el saldo acumulado de la deuda pública. Confundir esos conceptos debilitaría cualquier crítica y permitiría que el Gobierno descalificara el debate por falta de rigor.

Lo que sí está claro es que Colombia enfrenta una carga de deuda elevada. En el proyecto inicialmente radicado para 2027, el servicio de la deuda rondaba los $115 billones, una suma superior a las apropiaciones individuales de varios sectores sociales fundamentales. Ese dinero no se destina a construir nuevas escuelas, hospitales o carreteras, sino a pagar obligaciones adquiridas en años anteriores.

Por eso, el cambio de Gobierno no elimina el problema fiscal. Colombia gasta más de lo que logra recaudar para cubrir todas sus obligaciones, mantiene un déficit elevado y destina una parte significativa de sus ingresos al pago de la deuda. Esa situación no comenzó con Petro y tampoco desaparecerá con De la Espriella.

La discusión, por tanto, no debería reducirse a una disputa entre simpatizantes de uno u otro presidente. Si un aumento del presupuesto era considerado despilfarro cuando lo proponía Petro, no puede convertirse automáticamente en una decisión responsable cuando lo presenta De la Espriella. $634,9 billones siguen siendo $634,9 billones, independientemente del gobierno que los administre.

Del mismo modo, quienes respaldaron al Gobierno anterior tampoco pueden afirmar que el proyecto de Petro era perfecto. Su propuesta tenía un faltante de $30,2 billones y requería recursos adicionales para quedar plenamente financiada. La defensa de una administración no puede basarse en ignorar sus problemas fiscales.
El punto central es la coherencia. De la Espriella llegó al poder con la promesa de reducir el gasto, eliminar el despilfarro y ordenar las finanzas públicas. Su primer proyecto presupuestal ofrece una señal distinta: un Estado que necesitará más recursos para funcionar y que, según la información disponible, aumentaría el gasto total mientras reduciría la inversión pública frente a la propuesta anterior.

Esa combinación merece especial atención. Gastar más no significa necesariamente invertir más. Un presupuesto puede crecer porque aumentan las pensiones, el servicio de la deuda, las transferencias y los costos de funcionamiento, sin que eso se traduzca en más obras, mejores servicios o mayor capacidad productiva. Si el aumento se concentra en obligaciones rígidas, el margen del Gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos será cada vez menor.

Por eso, el Congreso y la opinión pública deben exigir una explicación completa sobre la composición del presupuesto. El Gobierno debe informar cuánto se destinará a funcionamiento, inversión, salud, educación, defensa, infraestructura, pensiones, transferencias y servicio de la deuda. También debe explicar qué programas se eliminarán, cuáles se ampliarán y qué medidas concretas adoptará para evitar que el aumento del gasto se convierta en una tendencia permanente.

La pregunta no es únicamente por qué el presupuesto pasó de $575,6 billones a $634,9 billones. La pregunta es qué Estado pretende construir el Gobierno de De la Espriella y cómo piensa financiarlo sin profundizar el déficit ni aumentar de manera insostenible el endeudamiento.

El primer presupuesto de una administración revela sus prioridades con mayor claridad que cualquier discurso de campaña. Muestra dónde pone el dinero, qué obligaciones protege, qué sectores considera estratégicos y cuánto espacio deja para la inversión que puede transformar la vida de los ciudadanos.

Hasta ahora, la principal conclusión es difícil de ignorar: el Gobierno que prometió austeridad presentó un presupuesto 10,3 % mayor que el proyecto que recibió y 14,2 % superior al presupuesto de 2026.

Eso no demuestra por sí solo que el país esté siendo llevado a la quiebra, (aunque sea lo que promete.) Pero sí obliga al Gobierno a responder con cifras verificables qué cambió, por qué cambió, cuánto corresponde a obligaciones heredadas, cuánto representa una nueva política pública, cuánto se financiará con deuda y cuándo comenzará realmente la reducción del gasto prometida durante la campaña.

La austeridad no puede seguir siendo una promesa aplazada para el próximo presupuesto.