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Cerca de 79.800 hectáreas destinadas a proteger la producción de alimentos en La Guajira en riesgo inminente.
CP 18-09-26

La propuesta del gobierno busca dejar sin efectos las resoluciones 000161 de 2024 y 000289 de 2025, relacionadas con las APPA de La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas.

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Sur de La Guajira

Una nueva discusión sobre el futuro del territorio se abre en el sur de La Guajira. El Ministerio de Agricultura puso a consideración un proyecto de resolución mediante el cual propone derogar las normas que declararon y posteriormente modificaron las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, establecidas en ocho municipios del departamento.


La propuesta busca dejar sin efectos las resoluciones 000161 de 2024 y 000289 de 2025, relacionadas con las APPA de La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas.


La declaratoria original comprendió 79.961,88 hectáreas, pero posteriormente, mediante la Resolución 000289 de 2025, el área fue ajustada a 79.782,15 hectáreas. 


Estas áreas fueron incorporadas al ordenamiento territorial como zonas de especial interés para la protección de la producción de alimentos. La intención era evitar que tierras con vocación o aptitud agropecuaria perdieran esa función frente a otros usos del territorio.


El documento conocido en septiembre de 2026 es todavía un proyecto de resolución. El Ministerio de Agricultura a través del jefe d cartera Hildalesio Dangond, abrió un periodo de participación pública que, de acuerdo con la información disponible, termina el 24 de septiembre. 


Por eso, la pregunta que comienza a tomar fuerza entre sectores campesinos y organizaciones vinculadas al territorio es qué ocurrirá con estas tierras si finalmente se elimina la figura de protección.
El proyecto sostiene que la revisión responde, entre otros aspectos, a la necesidad de verificar si la delimitación existente cuenta con información técnica suficientemente actualizada, verificable y proporcional a las condiciones actuales del territorio.


El documento también señala que dentro de las áreas delimitadas existen situaciones que deben ser revisadas frente a otros usos y derechos existentes en el territorio. ¿Agricultura, minería, energía o varios usos?
Ese es uno de los puntos centrales del debate.


La discusión no se limita a la agricultura. Sobre el territorio del sur de La Guajira confluyen actividades agropecuarias, proyectos energéticos, minería, infraestructura, actividades extractivas y diferentes intereses económicos y sociales.
Precisamente, sectores que cuestionan las APPA han señalado problemas relacionados con la delimitación y con la existencia de contratos o actividades económicas que se superponen con las áreas declaradas.
Qué mecanismos quedarán para proteger los suelos destinados a la producción de alimentos si las APPA son derogadas.


El propio proyecto de resolución reconoce que la protección de la producción de alimentos tiene un respaldo constitucional y que el campesinado cuenta con una protección especial como sujeto de derechos. También señala que las decisiones sobre estas áreas deben sustentarse en información técnica suficiente y actualizada. 
Una discusión especialmente sensible en La Guajira.


El debate adquiere mayor importancia en un departamento que enfrenta históricamente dificultades para garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos.


El proyecto del Ministerio cita una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave del 59,7 % en La Guajira, frente al 28,1 % nacional, con base en la fuente utilizada por la entidad.
Por eso, para las organizaciones campesinas y sociales que siguen el tema, la discusión no sería solamente jurídica o administrativa. También está en juego la garantía de que las tierras con capacidad para producir alimentos continúen cumpliendo esa función en el futuro.


¿Qué viene ahora?
La propuesta todavía debe surtir el proceso correspondiente antes de convertirse en una decisión definitiva. Hasta el 24 de septiembre de 2026 estarán abiertas las observaciones al proyecto. 
Por ahora, las cerca de 79.800 hectáreas no han perdido formalmente su condición de APPA. Pero que el papel aún las ampare no significa que estén a salvo: una propuesta de derogatoria pende sobre ellas y reabre, con toda su gravedad, el debate sobre el futuro del suelo rural del sur de La Guajira.

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