¿Qué pasaría si Colombia elimina la JEP? Consecuencias para las víctimas, la justicia y los acuerdos de paz

Yesli Paola Hernández /CP/ 03-08-26

El futuro de la JEP vuelve al centro del debate político colombiano, mientras sectores de derecha proponen su eliminación. La desaparición del tribunal pondría en riesgo los procesos de verdad, reparación y garantías para las víctimas, sin que exista hasta ahora una alternativa institucional clara que reemplace su función.

La discusión sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del debate político colombiano. Sin embargo, el contexto en el que esta discusión emerge no es neutro ni puede analizarse al margen de las disputas ideológicas que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz desde su firma en 2016.

A medida que avanzaba el nuevo ciclo electoral, diversos sectores de la derecha política han retomado cuestionamientos históricos contra la arquitectura institucional creada para desarrollar los compromisos derivados del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP.

Dentro de ese escenario, algunas voces han planteado reformas profundas al sistema de justicia transicional, mientras otras han llegado a proponer abiertamente la eliminación de instituciones consideradas pilares fundamentales del modelo de paz construido durante los últimos años.

La propuesta de eliminar la JEP debe analizarse precisamente dentro de ese contexto. No se trata únicamente de cerrar un tribunal o de modificar una estructura administrativa. La Jurisdicción Especial para la Paz forma parte de un sistema integral diseñado para garantizar derechos fundamentales de las víctimas y para ofrecer condiciones mínimas de estabilidad jurídica a quienes decidieron abandonar las armas en el marco de un acuerdo negociado con el Estado. Su eventual desaparición tendría efectos que alcanzarían a múltiples dimensiones del proceso de paz, incluyendo la búsqueda de la verdad, la reparación de las comunidades afectadas, la reconstrucción de la memoria histórica y las garantías de no repetición.

La primera consecuencia sería jurídica. Los procesos actualmente en curso tendrían que encontrar un nuevo escenario institucional. Aunque en teoría parte de los casos podría ser asumida por la justicia ordinaria, la transición estaría lejos de ser sencilla. Los expedientes acumulados durante años contienen enormes volúmenes de información, testimonios, análisis territoriales y reconstrucciones históricas que no fueron diseñadas para funcionar bajo la lógica tradicional del sistema penal ordinario.

La posibilidad de trasladar miles de investigaciones a otras jurisdicciones abriría un complejo escenario de disputas sobre competencias, procedimientos y garantías procesales. Además, existiría el riesgo de que una parte importante del conocimiento acumulado se fragmentara o perdiera eficacia dentro de estructuras judiciales ya altamente congestionadas.

Para las víctimas, la incertidumbre sería aún mayor. Miles de personas han participado activamente en audiencias, procesos restaurativos, informes colectivos y espacios de reconocimiento de responsabilidades. La desaparición de la jurisdicción podría obligar a replantear años de trabajo institucional y comunitario, generando nuevas demoras en la búsqueda de verdad y reparación.

Sin embargo, incluso aceptando la existencia de profundas diferencias sobre el modelo de justicia transicional, persiste la pregunta sobre cuál sería la alternativa institucional capaz de reemplazarlo. Hasta ahora, los sectores que promueven modificaciones radicales no han presentado una propuesta integral que permita asumir simultáneamente los desafíos de verdad, justicia, reparación y reconciliación que motivaron la creación de la JEP.

En última instancia, el futuro de la JEP no es únicamente un debate sobre tribunales o procedimientos legales. Es una discusión sobre la manera en que Colombia decide enfrentar el legado de más de medio siglo de conflicto armado. Es una conversación sobre la confianza en las instituciones, la protección de los derechos de las víctimas y la capacidad del Estado para sostener compromisos de largo plazo.

La historia demuestra que construir la paz es difícil. Pero también enseña que desmontar los mecanismos diseñados para protegerla puede resultar aún más complejo y costoso. Entre la defensa acrítica y la eliminación precipitada existe un amplio espacio para la evaluación, la reforma y el fortalecimiento institucional. Tal vez allí se encuentre la discusión que el país necesita dar durante los próximos años.