Municipio de Anori. Dpto de Antioquia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y La Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Sociales, Agrarias y Populares del Centro Occidente Colombiano (CISA) emitieron un comunicado en el que rechazan lo que califican como una campaña mediática y administrativa en contra de cientos de familias desplazadas que han llegado al municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados.

Según el pronunciamiento, más de 600 familias antioqueñas se han visto obligadas a abandonar sus territorios ante la falta de garantías de seguridad y la desatención estatal. Actualmente, estas personas se han asentado en un predio del municipio que, de acuerdo con la denuncia, permaneció abandonado durante años, donde han construido sus viviendas de manera improvisada para resguardarse.

El conflicto por el predio: ¿vivienda o pista de patinaje?
El punto central de la controversia radica en la intención de las autoridades locales y departamentales de desalojar a estas familias. El comunicado señala que el alcalde de Anorí y el gobernador de Antioquia, con el respaldo de medios de comunicación corporativos, han iniciado una dura ofensiva para recuperar el terreno.
“Un predio que estuvo abandonado por años y que ahora lo reclaman para construir una pista de patinaje, claro más importante que el bienestar de seiscientas familias”, denuncia el texto, subrayando la priorización de una obra de esparcimiento sobre la solución de vivienda para personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Amenazas contra líder social
Otro de los puntos que revela el comunicado es la situación del dirigente de la movilización popular, José David Hernández. Las organizaciones afirman que, producto de la campaña orquestada por las autoridades y los medios, se ha puesto en riesgo inminente su integridad.

Responsabilidad y llamado a las autoridades
Indepaz y CISA advirtieron que el gobernador de Antioquia y el alcalde de Anorí serán responsables directos de la forma en que se desarrolle y resuelva este conflicto, el cual, enfatizan, no es un caso aislado.
“El problema que se repite por miles en todo el país”, señala el comunicado, haciendo un llamado a las instituciones para que atiendan la crisis humanitaria con enfoque de derechos humanos y no con estigmatización ni persecución contra quienes han sido víctimas del conflicto armado.