La nueva política migratoria del Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió en Colombia un escenario que hasta hace pocos días parecía improbable: operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar extranjeros en situación migratoria irregular, priorizar a quienes estén involucrados en delitos y avanzar posteriormente hacia procesos de deportación. 

La decisión fue anunciada por el presidente el 23 de agosto durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde ordenó comenzar los procedimientos esa misma semana y habló expresamente de "inmigrantes ilegales", primero entre quienes estuvieran cometiendo delitos y después entre quienes no tuvieran regularizada su situación.

La dimensión del anuncio cambia cuando se contrasta con la composición de la población extranjera. Migración Colombia calcula alrededor de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos en el país. De ellos, aproximadamente 2,3 millones cuentan con una alternativa de regularización, mientras más de 800.000 no han logrado regularizar su situación. Esto significa que la población venezolana constituye una parte sustancial del universo que potencialmente podría ser alcanzado por los nuevos operativos.

Aquí aparece uno de los elementos centrales de la controversia. La irregularidad migratoria y la delincuencia son categorías diferentes dentro del ordenamiento colombiano. Una persona puede encontrarse en situación migratoria irregular sin haber cometido ningún delito. CODHES recordó que la irregularidad migratoria pertenece al ámbito administrativo y no convierte automáticamente a una persona en delincuente. La distinción es relevante porque la orden presidencial inicial presentó en una misma secuencia a los extranjeros que delinquen y a quienes no tienen regularizada su situación migratoria, aunque jurídicamente ambas condiciones no son equivalentes.

La preocupación de las organizaciones migrantes se concentra precisamente en esa asociación y en los antecedentes de procedimientos policiales cuestionados. La organización venezolanos en Barranquilla pidió que no se confunda la irregularidad migratoria con la criminalidad, y reclamó garantías constitucionales y debido proceso.

Uno de los casos más graves ocurrió en Barranquilla en 2024, cuando agentes fueron señalados de detener y agredir a ciudadanos venezolanos durante operativos de control, sin explicar claramente las razones de la retención, con uso excesivo de la fuerza y expresiones asociadas a la nacionalidad de las personas. Denuncias similares se han documentado en Bucaramanga y Cúcuta, donde personas fueron retenidas sin recibir información suficiente sobre el motivo de la actuación ni sobre sus derechos.

Migración Colombia, entretanto, sostiene que sus actuaciones forman parte de sus competencias ordinarias de control y verificación migratoria. El 28 de agosto informó que había impuesto medidas de expulsión a cinco ciudadanos extranjeros en Bucaramanga, cuatro por situaciones que representaban riesgos para la seguridad nacional y uno como pena accesoria por extorsión. La entidad afirmó que continuará fortaleciendo los controles dentro de la Constitución y la ley.
El Gobierno posteriormente introdujo una precisión. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la orden no estaba dirigida contra los venezolanos regularizados ni contra quienes cuentan con Permiso por Protección Temporal, y que el objetivo eran principalmente las redes criminales y los extranjeros vinculados con delitos. Pero esa aclaración no elimina completamente la controversia, porque el universo de personas potencialmente afectadas sigue siendo mucho mayor que el de los extranjeros vinculados a delitos. 

Si alrededor de 800.000 venezolanos no tienen regularizada su situación y la política anuncia operativos para identificarlos, existe una población muy amplia que puede entrar en contacto con las autoridades, aunque no exista ninguna acusación penal en su contra. La pregunta es qué criterios concretos utilizarán para diferenciar una infracción administrativa de una sospecha criminal.

Desde una perspectiva objetiva, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que todas las actuaciones migratorias del Gobierno sean xenófobas o que exista una orden de persecución por nacionalidad. Sin embargo, sí existen varios elementos verificables que permiten hablar de un riesgo documentado de xenofobia: la dimensión demográfica (2,8 millones de venezolanos), la existencia de cientos de miles sin regularización, que el anuncio presidencial vinculó en una misma operación discursiva la identificación de extranjeros que delinquen con la de quienes no tienen regularizada su situación, y que existen antecedentes recientes de amenazas específicamente dirigidas contra venezolanos.

La investigación disponible permite establecer que Colombia atraviesa un giro en su política migratoria, pero todavía no permite afirmar que se haya producido una "cacería de venezolanos". Sí permite documentar: una orden de intensificar operativos contra extranjeros irregulares; una población venezolana de 2,8 millones con cientos de miles sin regularización; antecedentes de expulsiones; amenazas xenófobas; temor de las organizaciones por la asociación entre irregularidad y delincuencia; y advertencias sobre posible estigmatización.

La diferencia entre control migratorio y persecución xenófoba estará en los datos de los operativos: si identifican a personas vinculadas con delitos, respetan el debido proceso y ofrecen mecanismos de regularización, será control migratorio; si los operativos se concentran desproporcionadamente en venezolanos por el solo hecho de ser extranjeros, o si la irregularidad se convierte en presunción de criminalidad, aparecerían elementos para calificarla como discriminatoria y xenófoba. 

Por ahora, Colombia pasó de una política centrada en la regularización de millones de venezolanos a una estrategia donde el control y la expulsión ocupan un lugar central. El resultado de esa tensión será medible en las cifras de los próximos operativos.

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