La tensión y el miedo se tomaron la tarde del pasado martes 22 de septiembre en la Vereda Guaduales Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de La Macarena, Meta. Lo que comenzó como una jornada cotidiana de trabajo agrícola para la familia de Yuli Andrea Motta Tovar y Luis Carlos Guerrero Real, terminó en una tragedia que llena de luto y rabia a toda una comunidad.

Según la denuncia pública emitida por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, con personería jurídica No. 118 del 31 de marzo de 2023, sobre las 12:30 de la tarde, tropas del Ejército Nacional llegaron de manera arbitraria y violenta a la vivienda de la pareja, quienes se encontraban con sus dos hijos menores de edad.

Escudos humanos y abuso
El documento, dirigido a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y alcaldías locales, relata que los militares abordaron a la señora Yuli Andrea mientras realizaba labores de ordeño. Sin mediar palabra, fue amarrada, golpeada y obligada a despojarse de sus prendas mientras era interrogada. En paralelo, otro grupo de militares retuvo al señor Luis Carlos Guerrero y a los dos niños dentro de la casa.

La comunidad denuncia que esta acción constituyó un secuestro por parte de la Fuerza Pública, y que la situación se prolongó durante horas. Hacia las 3:35 de la tarde, un vecino identificado como Luis Carlos Mojica Guzmán, al percatarse de la situación y preocupado por la familia, se acercó al lugar.

“Los militares le dispararon sin mediar palabra”, relata la denuncia. Testigos presenciales afirman que Mojica Guzmán no portaba armas ni representaba peligro alguno; iba en su bicicleta y su único objetivo era auxiliar a la familia retenida. Según el relato, los soldados dispararon con sevicia, gritándole “hijueputa” mientras le descargaban un proveedor de fusil.

“No aparece su cuerpo”: La denuncia de un posible falso positivo
La JAC señala que, tras el asesinato, el cuerpo de Luis Carlos Mojica Guzmán no fue entregado a su familia ni a la comunidad, sino que fue recogido por las propias tropas del Ejército Nacional. La denuncia califica este hecho como un crimen extrajudicial posible montaje o falso positivo, al señalar que la víctima era un civil inocente y miembro activo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Puerto Cachicamo.

El documento también denuncia que, tras el asesinato, las tropas comenzaron a disparar de manera indiscriminada, utilizando a la familia como escudos humanos y violando flagrantemente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Los campesinos que intentaron mediar para salvaguardar a los menores de edad fueron amenazados y amedrentados.

Las exigencias de la comunidad
Ante la gravedad de los hechos, la comunidad de Guaduales Nueva Esperanza ha elevado una serie de exigencias a las autoridades nacionales y regionales:

1.    Identificación plena de todos los militares que participaron en el operativo, incluyendo comandantes y responsables directos.

2.    Pronunciamiento inmediato del Ejército Nacional reconociendo el delito y la violación a los DD.HH.

3.    Investigación exhaustiva e imparcial del asesinato de Luis Carlos Mojica Guzmán y de las violaciones contra los menores de edad presentes en la finca.

4.    Protección integral para los niños, testigos y la comunidad, evitando su revictimización y cualquier tipo de represalia.

5.    Investigación del trato inhumano contra la señora Yuli Andrea Motta Tovar, con las respectivas sanciones disciplinarias y penales.

6.    Reparación y garantías de no repetición para la familia y la población campesina, reconociéndolos como sujetos de especial protección.

La comunidad hace un llamado urgente a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que realicen un seguimiento especial al caso y que se conozca la verdad de lo ocurrido. “Exigimos que se investigue exhaustivamente y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de tan aberrante acción”, concluye el documento.