El Gobierno derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el sur de La Guajira, una figura que llegó a cubrir cerca de 80.000 hectáreas. La decisión fue firmada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y presentada como cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella. El Gobierno argumenta que las APPA restringían el uso del suelo y afectaban la autonomía municipal.

En 2024 se declararon 79.961 hectáreas como APPA en ocho municipios: San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas. La Resolución 289 de 2025 modificó la medida y estableció 79.782,15 hectáreas en nueve municipios, incluyendo Hatonuevo.

La UPRA cruzó esas áreas con información de la Agencia Nacional de Minería y encontró que las zonas protegidas coexistían con actividad minera. Se identificaron 50 títulos mineros, con un área total superior a 117.000 hectáreas. De ellas, unas 45.259 hectáreas coincidían con el APPA potencial y cerca de 32.326 hectáreas se superponían con el APPA definitiva. También había títulos en explotación. Esto no prueba que la derogatoria buscara beneficiar a la minería, pero sí muestra que ambos usos compartían el mismo territorio.
Barrancas es el caso más concreto: tenía alrededor de 43.986 hectáreas con títulos mineros, cerca del 37,5 % del área titulada analizada, y 4.873 hectáreas se superponían con el APPA definitiva. Allí se extrae carbón, antracita, carbón térmico y metalúrgico, y está parte del corredor carbonífero del Cerrejón. La zona combina regalías, empleo e infraestructura con discusiones sobre reasentamientos, afectaciones ambientales, acceso al agua y derechos de comunidades indígenas y campesinas.

El 5 de octubre de 2026, la ANM publicó avisos de reuniones de coordinación y concurrencia para Fonseca y Barrancas, donde se analizan propuestas que podrían convertirse en títulos mineros. No se ha demostrado que estas solicitudes estén dentro de las antiguas APPA, pero el proceso ocurre casi al mismo tiempo que la derogatoria. Un ejemplo es la propuesta de contrato de concesión 505589, de Baccancas Colombia S.A.S., para cobre, oro y plata en Barrancas y Fonseca, presentada en 2022.

En paralelo, el Gobierno busca destrabar el Proyecto Multipropósito Río Ranchería: embalse El Cercado, distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar, acueductos para Fonseca, San Juan del Cesar, Distracción y Barrancas, y una pequeña central hidroeléctrica. La Procuraduría pidió en junio de 2026 unir esfuerzos y señaló que podría beneficiar a unas 400.000 personas. En septiembre, la Agencia de Desarrollo Rural revisaba la distribución del agua y el caudal ambiental, fijado en 2,20 metros cúbicos por segundo.

El 16 de septiembre de 2026, el ministro Dangond se reunió con Eynat Shlein, de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel (MASHAV). Se habló de riego, cultivos en zonas áridas y transferencia tecnológica, pero también de la posibilidad de atraer inversionistas israelíes para operar las represas del Ranchería mediante una APP o concesión. No hay evidencia de un contrato firmado ni de que Israel ya opere la infraestructura, pero la posibilidad está sobre la mesa. Esto plantea preguntas sobre propiedad, tarifas, riesgos, agua para consumo humano, riego y participación comunitaria.

Además, el ministro Dangond dijo: “No siembren arroz, no es negocio el arroz”. Luego aclaró que se refería al arroz en La Guajira, por bajos rendimientos y costos. La estrategia para el sur del departamento contempla unos 37.000 millones de pesos y apuesta por café, cacao, seguridad alimentaria y economía campesina.

En conjunto, el Estado había protegido tierras agrícolas, luego se cruzaron con títulos mineros, después el Gobierno derogó esa protección, la ANM mantiene nuevas solicitudes, se revisa el agua del Ranchería y aparecen conversaciones con inversionistas israelíes. No hay prueba de un plan coordinado, pero todos los hechos ocurren sobre el mismo territorio y usan los mismos recursos: tierra y agua. Por eso se requiere una investigación de interés público que revise el acto de derogación de las APPA, los 50 títulos mineros, los expedientes de Fonseca y Barrancas, los documentos de la eventual APP o concesión del Ranchería y los acuerdos con Israel. También deben escucharse las comunidades. Lo que queda es una pregunta: ¿Quién está definiendo el futuro económico y territorial del sur de La Guajira y bajo qué reglas?