Caserio Nueva Colombia - Caquetá

La Asociación Campesina OPV, del caserío La Dignidad en San Vicente del Caguán, emitió una carta dirigida a los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, en la que denuncian nuevas maniobras de la institucionalidad policiva, municipal y departamental para desalojar a las familias asentadas en el sector.

La organización, que agrupa a 26 sectores campesinos y cuenta con una Junta Central, representa a aproximadamente 2.600 familias que luchan por el derecho a una vivienda digna y productiva. En su comunicado, los voceros expresaron su preocupación ante lo que califican como una "embestida ilegal" que, advierten, desconoce el debido proceso y el acceso a un techo para los campesinos sin tierra.

En la misiva, la Asociación agradece el respaldo recibido hasta ahora por parte de las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales que han acompañado este proceso de organización y reivindicación. Sin embargo, ante el recrudecimiento de las presiones, solicitan de manera urgente el acompañamiento solidario para frenar lo que consideran un intento de desalojo arbitrario.
"De nuevo se empiezan a tornar oscuros los tiempos", señala el texto, que hace un llamado a la movilización y al respaldo de las organizaciones sociales y populares de la región.
Tensión en el territorio

El asentamiento La Dignidad, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), ha sido escenario en los últimos días de una delicada situación de orden público. Hace pocos días, las autoridades adelantaron una diligencia de desalojo en la zona que fue suspendida tras enfrentamientos entre la fuerza pública y las familias que ocupaban el predio.

Las comunidades denunciaron y registraron el ataque con gases lacrimógenos, aturdidoras y un fuerte despliegue operativo, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) policía antimotines, quienes intervinieron en el asentamiento Nueva Colombia, en medio de una creciente tensión entre las familias campesinas y las autoridades.

El operativo, dejó un saldo de comunidades afectadas por la inhalación de gases y la detonación de artefactos por parte de la fuerza pública, según reportes de organizaciones sociales presentes en la zona, existió uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados.

La comunidad, ha respondido con movilización y resistencia pacífica, buscando detener lo que consideran una amenaza a su derecho a la vivienda. En medio de la tensión, delegados del caserío La Dignidad y la Coordinadora COSCOPAAS han sostenido reuniones con la Alcaldía Municipal para instalar una mesa interinstitucional que permita avanzar mediante el diálogo y la concertación.

El Gobierno departamental, sin embargo, ha anunciado que ya se agotaron las instancias de diálogo y que avanzan los procedimientos jurídicos para realizar el desalojo de los terrenos ocupados .
La situación, advierten los campesinos, no solo pone en riesgo el derecho a la vivienda de miles de familias, sino también la estabilidad de un proceso organizativo que ha sido ejemplo de resistencia y lucha campesina en el suroriente colombiano.