Los campesinos y defensores de DDHH de la Zona de Reserva Campesina Güejar/Cafre, en el departamento del Meta, han denunciado una serie de arbitrariedades cometidas por integrantes de las fuerzas militares en sus territorios. Según las denuncias de los habitantes de las veredas afectadas, los soldados ingresan a las viviendas sin permiso ni órdenes judiciales, rompen puertas y candados, dañan cercas, hurtan pertenencias y dejan residuos y contaminación en nacimientos de agua y caños.

Una lucha de más de una década
La Zona de Reserva Campesina (ZRC) Güejar-Cafre, ubicada en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, fue constituida formalmente en diciembre de 2022 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura, tras un proceso de organización campesinas iniciado en 2008. La ZRC abarca 33.614 hectáreas + 5.828 m² y comprende 15 veredas de este territorio.

La historia de esta ZRC se remonta a 2011, cuando la Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del rio Güejar (AGROGÜEJAR) presentó la solicitud formal de constitución ante el extinto Incoder. La zona se convirtió en refugio de emigrantes de diversas regiones del país entre 1948 y 2000, atraídos por la producción y el comercio, pero también como consecuencia del desplazamiento generado por el conflicto armado.
En la actualidad, el municipio de Puerto Rico avanza en la consolidación de otra ZRC, la ZRC Río Cafre, que comprende cerca de 79.000 hectáreas y beneficiaría a alrededor de 820 familias campesinas de 16 veredas.

Denuncias de arbitrariedades 
Los campesinos de la ZRC Güejar/Cafre han denunciado una serie de arbitrariedades cometidas por integrantes de las fuerzas militares en sus territorios:

•    Allanamientos ilegales: ingreso a viviendas sin permiso ni órdenes judiciales, rotura de puertas y candados.
•    Robos y daños: hurto de pertenencias, daños a cercas y contaminación de nacimientos de agua y caños.
•    Retenes sorpresivos: instalación de retenes con militares encapuchados que intimidan a los civiles que intentan reclamar.

“Puede estar el lugar cerrado con candado, pero ellos arbitrariamente abren, forzosamente, utilizan las cosas, se las llevan”, denunció Zoraida Arango, vocera de la comunidad, quien también aseguró que estas prácticas no son recientes, sino que vienen dándose desde hace años, aunque habían disminuido durante el anterior gobierno.

La comunidad también denuncia que los militares instalan retenes de forma sorpresiva, en muchos casos encapuchados, y que intimidan a los civiles que intentan reclamar. “Un soldado le dijo a un civil que no podía decir nada porque se lo llevaban, y al otro día el Ejército lo subía a un helicóptero”, relató.

A pesar de que la Zona de Reserva Campesina fue constituida formalmente en 2022, tras un proceso que comenzó en 2008, los pobladores aseguran que el respeto por sus derechos no ha sido garantizado. Han instaurado múltiples denuncias ante la Fiscalía, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Fundación DHOC, pero afirman que los casos no han tenido avances significativos.

El pasado 20 de agosto, se realizó una reunión con la Personería Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo, en la que se adquirieron compromisos de seguimiento. Sin embargo, los campesinos expresaron desconfianza hacia el personero, pues consideran que sus declaraciones justificaron la actuación del Ejército. Por el contrario, destacaron el apoyo de la Defensoría y la ONU, y plantearon la necesidad de un consejo de seguridad en el municipio de Puerto Rico que incluya a los militares y a una comisión de la Zona de Reserva Campesina.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan es el miedo de los testigos. La Fiscalía ha solicitado pruebas y testimonios de los finqueros afectados, pero muchos se niegan a declarar por temor a represalias. “Ellos dicen que les da miedo que les suceda algo, que después venga el Ejército y empiecen a hacer falsos positivos con estas personas”, advirtió la defensora.

Frente a esta situación, la comunidad campesina de la Zona de Reserva hace llamado claro a las autoridades locales y nacionales: “Lo que pedimos es que nos respeten nuestros derechos, que no sean más vulnerados, que nosotros tengamos la libertad de exigir. Siempre hemos ido por la vía del diálogo, pero exigimos que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario y que se respete a la población civil”. 

Lideres y defensores de DD.HH aseguran que, de no haber respuesta, la situación podría escalar, aunque reiteran su voluntad de mantener canales de diálogo abiertos. En ese contexto, la vocera fue contundente al advertir sobre las consecuencias de mantener esta situación, en un claro llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto antes de que la crisis humanitaria se agrave.