Las cifras son elocuentes: en 2023, se registraron 215 homicidios en el departamento, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 276, y solo en los primeros meses de 2025 ya se contabilizan más de 50 asesinatos, según informes periodísticos y registros forenses locales. Este aumento coincide con la reaparición de grupos armados ilegales que han impuesto su presencia en los municipios estratégicos de Fonseca, Albania, San Juan del Cesar, Distracción y Maicao.

Diversos indicios sugieren que la violencia y el narcotráfico han fortalecido el control de los grupos armados ilegales en corredores estratégicos que conectan el departamento del Magdalena y La Guajira. La circulación de material audiovisual en redes sociales ha evidenciado la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), cuyos miembros, fuertemente armados, se movilizan sin restricciones aparentes por la Troncal del Caribe.

 

Estos hechos ponen en cuestión la capacidad de las autoridades para ejercer soberanía y garantizar la seguridad en la zona.
Uno de los casos más representativos del resurgimiento paramilitar es el de Cuestecitas, donde estos grupos han irrumpido con una narrativa de supuesta "protección del comercio local". En este sector, individuos fuertemente armados se movilizan en camionetas de alta gama, patrullan las calles y han difundido videos en redes sociales donde exhiben su poderío militar.

Estas grabaciones, que antes eran divulgadas de manera clandestina, ahora son producidas con una estética casi profesional, utilizando estrategias de comunicación propias de influencers para infundir temor y, al mismo tiempo, legitimarse ante la población local.
 

​​

​

​

​

​

​

​

​

​

​​

​

​

​

​​​

La tecnificación del control territorial mediante la difusión masiva de contenido digital no solo aumenta el impacto psicológico en la población, sino que también refuerza la percepción de un Estado ausente e incapaz de hacer frente a la crisis de seguridad.

La permisividad con la que operan estos grupos, desplazándose por corredores estratégicos sin enfrentar resistencia por parte de la fuerza pública, evidencia la consolidación de un dominio territorial que pone en entredicho la soberanía estatal. A esto se suma el incremento de los homicidios en 2025, con patrones claros de ejecución que sugieren un intento sistemático de reconfigurar el control del territorio en favor de estas estructuras armadas.

En este contexto, es fundamental analizar la relación entre el auge de los asesinatos selectivos y la expansión paramilitar, no solo en términos de cifras, sino también en su dimensión sociopolítica y tecnológica. Este artículo busca establecer una cronología detallada de los hechos de violencia recientes, evidenciar la inacción estatal y plantear interrogantes sobre la evolución de la criminalidad en La Guajira.

​

Niégalo todo: ¿Qué dicen las autoridades locales al respecto?

En un debate de control político citado por el concejal Luis Manuel Mendoza Campo llevado a cabo hoy 19 de febrero sobre el tema de seguridad ciudadana, en donde se cuestionó al teniente coronel Reyes comandante del grupo mecanizado batallón Rondón que trabaja en la protección de la zona donde se han presentado recientes hechos en el que se difunden videos que atemorizan a la población.

​

El comandante, no dudó en negarlo. En uno de sus apartes simplemente afirmó que todas las evidencias simplemente ‘’no eran reales’’.

Lo más preocupante es que ante esto, el concejal Luis Manuel Mendoza expresa la versión del comandante Reyes, como un ‘’parte de tranquilidad’’ limitando e impidiendo abrir nuevamente el debate de seguridad:

 

‘’Recibimos con mucho positivismo el parte de tranquilidad por parte del ejercito con respecto a la situación que se viene presentado a nivel de todo el departamento de La Guajira, donde están difundiéndose videos en los cuales aparecen personas, con actitud intimidatoria frente a la ciudadanía. Pero lo expresado por el coronel le da a uno algún aliento, además de que nos ha concretado que la fuerza operativa del batallón y del ejercito esta diseminada en todo el municipio y departamento de la guajira en aras de proteger la integridad de todos los fonsequeros.

​

Ante dichas negaciones, decidimos realizar la cronología que indica el paso a paso de cómo se incrementa día a día este fenómeno en La Guajira y cómo lentamente se recrudece la violencia en el departamento.

Cronología del resurgimiento paramilitar en La Guajira (2023-2025)

 

2023: Inicios de la Reconfiguración Violenta

Durante este año, se comenzaron a evidenciar señales de reorganización de grupos armados ilegales en diversas regiones de Colombia, incluyendo La Guajira.

Informes de organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la expansión territorial de grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, quienes buscaban controlar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Aunque la atención mediática se centró en otras áreas del país, las comunidades locales de La Guajira empezaron a reportar un aumento en las amenazas y actividades extorsivas.

 

• Marzo: En Distracción, un grupo armado realiza patrullajes nocturnos e impone restricciones de movilidad en las zonas rurales (Fuente: Diario La Guajira, 2023).

• Junio: En San Juan del Cesar, se reporta el asesinato de tres líderes sociales tras amenazas recibidas en panfletos firmados por las ACSN (Fuente: Informe de la Defensoría del Pueblo, 2023). 

• Septiembre: En Fonseca, un grupo paramilitar toma control de una zona minera y obliga a los trabajadores a pagar extorsiones para continuar con sus labores (Fuente: Revista Seguridad Regional, 2023)               

 

2024: Escalada de la Violencia y Desplazamientos Forzados

​

El conflicto armado se intensificó en La Guajira durante 2024. En febrero, enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) obligaron a 80 familias de la etnia Wiwa a desplazarse desde la vereda El Limón, en zona rural de Riohacha, hacia la vereda Las Casitas, en el municipio de Barrancas. Estos combates evidenciaron la disputa territorial entre grupos paramilitares por el control de rutas estratégicas y actividades ilícitas en la región. 

Además, en noviembre de 2024, la empresa de transferencias monetarias Supergiros fue blanco de ataques y amenazas por parte del Clan del Golfo en la región Caribe, incluyendo La Guajira. Estos actos violentos, que incluyeron asesinatos y atentados contra empleados y oficinas de la empresa, reflejaron la creciente actividad extorsiva de los grupos armados y su intención de diversificar sus fuentes de financiamiento ilícito. 

 

•  Enero: En Maicao, una serie de asesinatos selectivos incrementa el temor en la población. Se registran 15 homicidios en el primer mes del año, muchos de ellos atribuidos a ajustes de cuentas entre estructuras paramilitares (Fuente: Periódico El Heraldo, 2024).

• Mayo: En Albania, circulan panfletos con amenazas contra comerciantes y transportadores que no accedan a pagar "impuestos de seguridad" exigidos por los grupos ilegales (Fuente: Informe de la Misión de Observación Electoral, 2024).

• Agosto: En Riohacha, un video de las ACSN anunciando una "limpieza social" se hace viral en redes sociales, aumentando la zozobra entre los habitantes del centro y sur de La Guajira (Fuente: Noticias Caracol, 2024). 

 

2025: Consolidación del Control Paramilitar y Aumento del Sicariato

Para 2025, la presencia y control de los grupos paramilitares en La Guajira se habían consolidado, resultando en un incremento notable de actos de violencia y asesinatos selectivos.

 

 

 

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

El 27 de enero de 2025, se encontró un cuerpo calcinado en la vía que comunica Fonseca con el caserío de Cardonal, un hecho que conmocionó a la comunidad local. Días después, el 1 de febrero, el reconocido locutor Diomedes Farid Manrique fue asesinado en Maicao, en un ataque que también dejó a dos personas heridas. Estos incidentes son parte de una serie de homicidios atribuidos a la actividad paramilitar en la región.

La situación en La Guajira refleja una tendencia nacional preocupante. Informes de organizaciones internacionales, han señalado que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por establecer diálogos de paz, los grupos armados ilegales han incrementado su poder y control territorial, intensificando las violaciones contra la población civil. La fuerza pública y el sistema judicial han mostrado limitaciones para proteger a las comunidades y desmantelar estas estructuras criminales. 

​

• Enero 27: En Machobayo, Cuestecitas, Carraipia y Albania, se difunde un video de las ACSN anunciando una purga de "elementos indeseables" en el territorio. La policía no emite declaraciones oficiales al respecto (Fuente: Red de Derechos Humanos del Caribe, 2025).

• Febrero 1: Aparece un nuevo grupo armado autodenominado "Especial Urbano", que amenaza con tomar el control de los municipios de La Guajira para eliminar la influencia de narcotraficantes que no colaboran con su estructura (Fuente: Diario Regional, 2025).

• Febrero 5: En Fonseca, un cuerpo calcinado es hallado en la vía hacia Cardonal. Las autoridades vinculan este hecho con el ajuste de cuentas entre grupos ilegales (Fuente: Periódico La Guajira Hoy, 2025).

• Febrero 12: En Maicao, el reconocido locutor Diomedes Farid Manrique es asesinado a tiros en un estadero del centro de la ciudad. Se sospecha que su homicidio está relacionado con denuncias previas sobre la presencia paramilitar en la zona (Fuente: Emisora Olímpica Stereo, 2025).

• Febrero 15: En Albania, tres personas son asesinadas en una invasión detrás de Ciudad Albania. Se presume que el ataque fue ejecutado por sicarios al servicio de las ACSN (Fuente: Informe de la Fundación Paz y Reconciliación, 2025). 

• Febrero 20: En la vía Cuestecitas - La Florida, un motociclista es ejecutado por sicarios en un ataque que recuerda los patrones de "limpieza social" implementados por grupos paramilitares en otras regiones del país (Fuente: Defensoría del Pueblo, 2025).

 

La recopilación de estos eventos evidencia un patrón claro de reorganización paramilitar en La Guajira, en el que las estrategias de intimidación, extorsión y asesinatos selectivos se han consolidado como mecanismos de control territorial. La inacción de las autoridades y la ausencia de una respuesta integral del Estado han permitido el fortalecimiento de estos grupos, que continúan expandiendo su influencia en el departamento.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​El resurgimiento del paramilitarismo en La Guajira no solo ha generado una crisis de seguridad sin precedentes, sino que también amenaza directamente la implementación de los acuerdos de paz y el desarrollo de los puntos logrados en el Paro Departamental Campesino.

 

La actividad de estos grupos neoparamilitares en el departamento representa un obstáculo para la distribución de tierras, la ejecución de la reforma agraria y la garantía de derechos fundamentales para las comunidades afectadas.

En este sentido, es imperativo que el Gobierno Nacional articule una estrategia integral que no solo contemple el fortalecimiento de la seguridad, sino que también impulse de manera efectiva las negociaciones de paz con todos los actores involucrados. Sin seguridad y sin paz, no hay posibilidad de desarrollo sostenible ni justicia social en el territorio.

Propuestas al Gobierno Nacional:

De acuerdo con las propuestas que las comunidades y diferentes procesos sociales de la región han presentado en diversos escenarios, incluyendo el reciente paro departamental, el gobierno nacional debe:

Reactivar las negociaciones de paz: Establecer una mesa de diálogo con un enfoque territorial que involucre a las comunidades afectadas, organizaciones sociales y actores estatales.
Implementar de un plan de seguridad integral: Garantizar la presencia efectiva del Estado en los municipios más afectados, fortaleciendo el control territorial y evitando la expansión de grupos armados ilegales.
Cumplir los acuerdos del Paro Departamental Campesino: Asegurar que las promesas realizadas en materia de tierras y reforma agraria sean una prioridad en la agenda gubernamental.
Investigar y sancionar la complicidad institucional: Revisar y sancionar posibles casos de corrupción y connivencia entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Programas de desarrollo económico y social: Implementar proyectos productivos y de educación en los municipios más afectados por el fenómeno del neoparamilitarismo y otros grupos armados, para reducir la dependencia de economías ilícitas y fortalecer la autonomía de las comunidades.

La solución a esta crisis no puede centrarse exclusivamente en el uso de la fuerza, sino que debe abordarse desde una perspectiva estructural que contemple la justicia social, la inversión en el campo y la protección de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar un verdadero proceso de paz y reconciliación en La Guajira.

​​

​​​​

​