Desde el año 2020, el municipio de Villanueva, al sur del departamento de La Guajira, ha sido escenario de una prolongada crisis en el suministro de agua potable que trasciende los vaivenes administrativos y pone en evidencia las limitaciones técnicas, institucionales y estructurales para garantizar un derecho básico de la población: el acceso constante al agua segura.

Lo que en un inicio fue presentado como un proyecto de optimización de infraestructura terminó convirtiéndose en un caso emblemático de cómo las inversiones públicas, cuando no están acompañadas de planeación integral, seguimiento riguroso y claridad institucional, pueden derivar en soluciones incompletas que perpetúan las mismas problemáticas que pretendían resolver.

En Villanueva, el agua no ha dejado de ser una promesa intermitente, una prestación inestable que depende más de factores externos y coyunturales que de un sistema sólido capaz de garantizar continuidad.

 

El problema tiene raíces en un contrato suscrito en enero de 2020 por la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento con el Consorcio Guajira por cerca de $1.922.890.214 para la “optimización de la planta de tratamiento de agua potable” del acueducto de Villanueva. El contrato establecía una ejecución de seis meses desde junio de ese año, pero el proyecto nunca se completó en los tiempos y términos pactados.

En agosto de 2023, la empresa ESEPGUA S.A. E.S.P. impuso una sanción de más de $384 millones de pesos al contratista por incumplimiento de obligaciones contractuales, al no cumplir con los requisitos técnicos, las pólizas exigidas ni el avance de obra pactado, incluso después de múltiples ajustes, suspensiones y reinicios de labores. Esta cadena de retrasos no fue un hecho aislado sino una señal temprana de que el proyecto carecía de condiciones mínimas para ejecutarse de manera eficiente en un territorio con complejidades ambientales y administrativas particulares. 

Sin embargo, al contrastar esa cifra inicial de sanción con la información financiera oficial posteriormente entregada, surge una primera tensión significativa: los documentos certifican pagos por más de $822 millones, equivalentes al 42,76% del contrato, mientras que más del 57% del valor total quedó pendiente, incluyendo actividades no ejecutadas o no subsanadas, lo que equivale a más de $1.100 millones. Además, se identificaron actividades defectuosas por más de $130 millones y una sanción económica adicional cercana a los $23 millones.

 

Estas cifras no solo reflejan un incumplimiento contractual, sino que evidencian una ejecución fragmentada donde una parte considerable de los recursos públicos no se tradujo en infraestructura funcional. En otras palabras, el proyecto no fracasó únicamente en el tiempo, sino también en la calidad y en el alcance real de lo construido.

Aunque esa sanción fue un paso formal para responsabilizar al contratista, no resolvió el problema de fondo. El sistema continuó siendo frágil, con fallas persistentes en la captación y el tratamiento de agua, y dependiente de reparaciones puntuales que no lograron estabilizar el servicio en el mediano plazo. Esta situación pone en evidencia una falla estructural en la lógica de gestión: sancionar no es reparar, y cerrar administrativamente un contrato no implica garantizar la funcionalidad del servicio para la comunidad. En Villanueva, el problema no terminó con el acto sancionatorio, simplemente cambió de forma. 

La evidencia más clara de esta fragilidad se refleja en los documentos oficiales divulgados por la empresa operadora Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P., que han advertido de suspensiones del servicio por causas naturales: el 15 de octubre de 2025 se interrumpió el suministro desde las 00:45 am debido a la obstrucción de la bocatoma generada por la creciente del río Villanueva, la principal fuente de abastecimiento, lo que demuestra que el sistema sigue vulnerable a las condiciones hidrológicas y no cuenta con mecanismos robustos de operación ni redundancias técnicas. Este tipo de eventos no debería paralizar completamente un sistema de acueducto si este estuviera diseñado con criterios de resiliencia, lo que refuerza la idea de que la optimización prometida no logró consolidar una infraestructura capaz de adaptarse a las dinámicas ambientales del territorio.

Este tipo de eventos, sumados a la obsolescencia de componentes y al deterioro progresivo sin mantenimiento preventivo adecuado, indican que, a diferencia de lo estipulado en el contrato sancionado, la infraestructura no fue fortalecida para resistir variaciones ambientales ni cubrir las necesidades de la población de forma sostenida. Más aún, la respuesta institucional posterior no desmiente estas condiciones, sino que la rodea de explicaciones administrativas que terminan diluyendo la responsabilidad directa sobre el estado real del sistema.

En la respuesta oficial al derecho de petición, ESEPGUA plantea un elemento clave: el contrato fue suscrito bajo la Administración Temporal, en un momento en que el departamento no tenía control directo sobre el sector, y solo hasta 2022 asumió plenamente sus competencias.

Este argumento introduce una línea de defensa institucional que, si bien es jurídicamente válida, no resuelve el problema material que enfrentan los habitantes. La transición de competencias no elimina los efectos de una obra mal ejecutada, ni responde por las consecuencias acumuladas en el tiempo.

Por el contrario, abre una brecha en la que la responsabilidad se dispersa entre entidades, dificultando la exigibilidad de soluciones concretas.
La misma respuesta profundiza esa fragmentación al establecer que el diagnóstico técnico actualizado debe ser solicitado al operador, que los informes de emergencia corresponden a otras entidades, que la inversión futura depende del municipio y que la vigilancia operativa no es competencia directa de ESEPGUA.

 

Lo que emerge de esta estructura no es una cadena de responsabilidad clara, sino un entramado institucional donde cada actor tiene una parte del problema, pero ninguno asume la totalidad de la solución. Para el ciudadano, esto se traduce en una experiencia de desprotección: saber que el sistema falla, pero no tener un interlocutor único que responda por ello.
Paradójicamente, dentro de esa misma respuesta se afirma que la planta de tratamiento se encuentra en funcionamiento, según certificación del operador. Esta afirmación, aunque técnicamente posible, entra en tensión con la realidad documentada de interrupciones y fallas. Funcionar, en este contexto, parece significar operar bajo condiciones mínimas, no necesariamente garantizar un servicio continuo, eficiente y seguro. La distancia entre funcionamiento administrativo y funcionamiento real se convierte así en uno de los ejes más críticos del problema.

La ruptura entre lo que se contrató y lo que efectivamente se ejecutó pone en evidencia un problema más profundo: en La Guajira, el acceso al agua potable ha sido una deuda histórica que trasciende las inversiones puntuales. Según diagnósticos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el departamento presenta deficiencias significativas en cobertura y calidad del servicio, con brechas marcadas entre zonas urbanas y rurales y en municipios como Villanueva, donde el acceso a fuentes mejoradas de agua varía según las temporadas climáticas y la capacidad instalada de las redes. En este contexto, el caso del acueducto no es una excepción, sino una manifestación local de una problemática estructural más amplia.

Además, en 2025 el Consejo de Estado ratificó la validez de ESEPGUA como entidad prestadora de servicios públicos y rechazó la solicitud de nulidad que buscaba desmantelar su estructura, garantizando así la continuidad legal de la empresa encargada de los proyectos de acueducto y saneamiento en todo el departamento, incluido Villanueva. Esta decisión despeja incertidumbres institucionales y refuerza el papel de ESEPGUA como actor clave para futuros avances en infraestructura de agua potable. Sin embargo, la legitimidad jurídica no se traduce automáticamente en eficacia operativa, y el reconocimiento institucional no sustituye la necesidad de resultados tangibles en el territorio.

En el nivel nacional, el Gobierno colombiano ha impulsado programas de agua y saneamiento con inversiones del orden de cientos de miles de millones de pesos para La Guajira, incluyendo rehabilitación de sistemas y expansión de cobertura que benefician a decenas de miles de personas, aunque dichas inversiones no son específicas para el caso del acueducto de Villanueva, sino para múltiples sistemas en el departamento. Esta dispersión de recursos refuerza la idea de que, aunque existe inversión, no siempre hay focalización estratégica en los sistemas más críticos o en aquellos que presentan fallas estructurales prolongadas.

Hasta inicios de 2026, la situación del suministro en Villanueva sigue marcada por la falta de un proyecto integral que reemplace o modernice completamente su sistema de acueducto. El contrato sancionado fue cerrado formalmente, pero no hay evidencia pública de un nuevo contrato que asuma las actividades no ejecutadas y que garantice una solución estructural al problema. Las intervenciones se han concentrado en reparaciones puntuales, emergencias operativas y ajustes de corto plazo, sin una hoja de ruta oficial para el restablecimiento sostenible del servicio. Esta ausencia de planificación a largo plazo es, en sí misma, una forma de perpetuar la crisis.

Este contexto explica por qué, más de tres años después de la sanción contractual, los habitantes de Villanueva continúan enfrentando suspensiones del servicio, vulnerabilidad ante eventos climáticos y una estructura insuficiente para cubrir las necesidades básicas de agua potable de forma permanente. La persistencia del problema no es un accidente ni una coyuntura pasajera, sino el resultado acumulado de decisiones incompletas, responsabilidades fragmentadas y soluciones parciales que no han logrado transformar la realidad del sistema.

La historia del acueducto en este municipio no solo es un registro de un contrato fallido, sino un reflejo de la compleja relación entre infraestructura, clima, institucionalidad y derechos ciudadanos en regiones con altos déficits de servicios básicos. En Villanueva, el agua sigue llegando de manera intermitente, condicionada por factores que deberían haber sido previstos, y administrada por un sistema que, aunque funcional en el papel, continúa siendo insuficiente en la práctica. La crisis, lejos de cerrarse, sigue abierta, recordando que el acceso al agua no se garantiza con contratos ni con certificaciones, sino con sistemas que realmente funcionen para la gente.

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