El próximo 8 de marzo se elegirá a los 16 representantes para el segundo periodo temporal (2026-2030). Las denuncias en Meta y Guaviare, donde confluyen las circunscripciones que incluyen municipios de ambos departamentos, ponen en entredicho la pureza de un proceso diseñado para que las víctimas, y no los victimarios ni las maquinarias políticas, tengan voz en el Congreso.

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Las curules especiales de Paz surgieron en el marco del acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016. Buscan que las víctimas y las regiones golpeadas por la violencia histórica tengan voz en el Congreso, corrigiendo la exclusión que padecieron quienes intentaron hacer oposición por vías democráticas.

Candidaturas bajo la lupa

En el centro de la controversia están tres candidaturas que compiten por representar a las víctimas del conflicto en esta región. Según los denunciantes, solo una de ellas "verdaderamente representa a las víctimas y surge de las comunidades". Las otras dos estarían vinculadas a estructuras políticas tradicionales: una relacionada con las maquinarias de Juan Guillermo Zuluaga y Rafaela Cortes, y la otra sería del Partido Conservador en el departamento del Guaviare.

"Ellos no son víctimas, son victimarios más bien. Están en una locura de plata, amenazando a la gente si no vota por ellos", denunció un lider social del Meta.

Las denuncias señalan que el candidato vinculado al Partido Conservador es sobrino de Eiler Palacios, exgobernador del departamento, "donde se han destapado una cantidad de denuncias por corrupción y por obras inconclusas donde la plata la están invirtiendo en la campaña".

Amenazas a docentes y funcionarios

Una de las denuncias más graves señala presiones directas contra empleados públicos, particularmente docentes, en varios municipios de la región. "La gobernación cogió a las alcaldías, los oyentes que tenían que obligar a todos los empleados a votar por la curul de paz que ellos están colocando", afirmó una fuente.

Los trabajadores estarían siendo amenazados con perder sus empleos si no respaldan a determinados candidatos, una práctica que constituiría el delito de constreñimiento al votante, por el cual el gobierno ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por información.
Documentos fraudulentos

Otra de las acusaciones señala que uno de los candidatos que aspira a una de estas curules "tiene hasta los papeles falsos de ser abogado titulado, es un título que compró". La denuncia no especifica el nombre del aspirante, pero asegura que se trata de la persona impulsada desde la gobernación.

El drama de Nueva Colombia: comunidades aisladas del voto

Mientras las maquinarias políticas operan con millonarios recursos, las comunidades campesinas más apartadas luchan por un derecho fundamental: poder votar. Los habitantes del núcleo de Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), hicieron un llamado urgente a la Registraduría para que garantice el derecho al voto manteniendo las mesas de votación en el caserío.

"Los campesinos y campesinas que viven en esa Colombia excluida demoran hasta diez horas de camino, fluvial y terrestre, para poder llegar a un casco urbano", denunciaron. La comunidad alerta que se están levantando mesas de votación de los puntos más alejados, lo que equivale a negarles el derecho constitucional al voto a quienes habitan en las zonas más golpeadas por el conflicto y precisamente a quienes están llamados a elegir las curules de paz.

Antecedentes: en 2022 las curules ya fueron cooptadas

Las organizaciones sociales recuerdan que en las elecciones del 13 de marzo de 2022, cuando iniciaron estas curules especiales, el Estado y los gobiernos anteriores no le dieron importancia al proceso por provenir de los acuerdos con la guerrilla. Los sectores sociales más victimizados se descuidaron y las curules quedaron, en buena parte, en manos de politiqueros y corruptos.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del hijo del jefe paramilitar Jorge 40, que se quedó con una de estas curules que eran para los líderes sociales, y el caso de la curul del Guaviare y sur del Meta, asumida por alguien que nunca estuvo integrado a los procesos y luchas sociales en esos territorios.

Mientras tanto, las comunidades denunciantes hacen un llamado a los organismos de control: "Somos conscientes de que no van a representar a las víctimas. Por eso queremos hacer público esto".

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