En la madrugada del 12 de febrero de 2026, una notificación electrónica enviada desde los despachos de la Sección Primera del Consejo de Estado de Colombia sacudió la arquitectura jurídica que por ocho años había protegido el territorio ancestral más importante del Caribe: la Sierra Nevada de Santa Marta. El documento, de lenguaje sobrio, pero de efectos devastadores, declaraba la nulidad del Decreto 1500 de 2018, pieza normativa que reconocía los 348 puntos sagrados que conforman la Línea Negra, el mapa espiritual, jurídico y territorial de los pueblos Arahuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

A partir de ese instante, el país asistía no solo al derrumbe de un decreto, sino a la caída de una promesa estatal, un vacío legal que devolvía a la Sierra a su histórica intemperie: una geografía disputada no solo por multinacionales y proyectos extractivos, sino por reconfigurados actores armados que hoy mandan en los caminos donde antaño solo transitaban los mamos.

El fallo, sustentado en la tesis de “falsa motivación” y en la inexistencia de una cartografía definitiva por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), podría parecer, para quien mire desde la distancia, una discusión técnica sobre trámites incumplidos. Pero nada en la Sierra es técnico ni menor. El Consejo de Estado sostuvo que no hubo consulta previa plena con todas las comunidades étnicas del área, un argumento que, aunque jurídicamente relevante, se incrusta en una larga historia donde el Estado colombiano suele invocar la defensa de derechos étnicos solo cuando necesita desmontar sus propios compromisos. Con esta sentencia, el blindaje jurídico que obligaba a realizar consulta previa en vastas zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar quedó suspendido como si fuera una promesa descartable.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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​Esa madrugada, en Nabusimake, capital espiritual del pueblo arahuaco, los gobernadores tradicionales fueron informados del fallo. Un mayor arahuaco, cuya voz solo pude reconstruir a partir de testimonios de líderes cercanos, pronunció una frase que resume siglos de resistencia: “El Estado se cae solo; nosotros seguimos aquí”. Para la mayoría de los colombianos, la Línea Negra es una línea en un mapa; para los pueblos originarios, es el sistema circulatorio del mundo, una malla de equilibrio que si se altera enferma la montaña, el mar, los ríos y a la humanidad misma. Esa visión, que el decreto intentó traducir al lenguaje jurídico occidental, vuelve ahora al limbo, obligando a las comunidades a defender una ontología milenaria en tribunales donde el tiempo ancestral nunca ha tenido valor probatorio.

El Gobierno nacional reaccionó con velocidad política, pero no necesariamente con claridad estratégica. Ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) iniciar procesos de compra de predios para garantizar la protección de la Sierra sin el respaldo del decreto. Sin embargo, expertos en derecho étnico y ambiental consultados para esta investigación coinciden en que la compra de tierras no sustituye la estructura jurídica de un territorio espiritual, ni garantiza la gobernanza autónoma. La pregunta que resuena es si la medida es un escudo real o una respuesta improvisada para contener el impacto mediático. Sin un nuevo instrumento jurídico robusto, sin una política de seguridad clara y sin una articulación multisectorial, la acción podría quedarse en el papel: una cortina administrativa incapaz de detener la ofensiva extractiva ni la expansión armada.

Y la ofensiva ya está en marcha. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 020-25, elevó a riesgo extremo la situación de 21 municipios que rodean la Sierra por la confrontación entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo. La alerta documenta extorsiones sistemáticas, confinamientos, reclutamiento forzado, amenazas y control territorial armado. A ello se suman operaciones criminales de minería ilegal, tráfico de fauna y control de rutas de narcotráfico que atraviesan veredas donde la presencia del Estado es episódica y fragmentada.

 

En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó que más de 54.000 indígenas de la región están en riesgo de desaparición física o cultural debido al asedio armado. La FIDH reportó recientemente el desplazamiento forzado de más de 300 indígenas Wiwa, obligados a caminar durante horas para huir de enfrentamientos entre grupos armados

Cada dato revela una verdad incómoda: la Sierra está en guerra. Y esta guerra avanza mientras se desmontan las pocas garantías jurídicas que existían. La Línea Negra era, más que un mapa, un escudo. Permitía frenar proyectos extractivos sin estudios serios, obligaba al Estado a consultar antes de intervenir y daba a las comunidades un lenguaje jurídico para defender una cosmología ancestral que rara vez tiene espacio en discursos oficiales. Sin ella, los pueblos indígenas enfrentan ahora un vacío legal que los expone a litigios proyectados “caso por caso”, una batalla desigual frente a empresas con ejércitos de abogados y frente a grupos armados que no conocen límites ni fronteras.

En una investigación realizada para este reportaje, funcionarios de entidades regionales señalaron que, desde la anulación del decreto, han aumentado las solicitudes preliminares de licencias ambientales y de proyectos de infraestructura en territorios colindantes con la Sierra. Ninguna entidad quiso entregar cifras exactas, pero varias admitieron, bajo reserva, que la incertidumbre jurídica es “una oportunidad” que algunos agentes económicos no están dispuestos a dejar pasar.

 

"En contextos donde la tierra es un tesoro geoestratégico, cada vacío legal es una mina abierta"

La narrativa oficial insiste en que el Gobierno “no permitirá que la Sierra sea tocada”. Pero los hechos sobre el terreno muestran otra cosa. El cierre recurrente del Parque Tayrona por razones de seguridad, las denuncias de líderes que aseguran no ver presencia estatal en zonas críticas y el avance visible de corredores ilegales desmontan la idea de que existe una estrategia integral para proteger a las comunidades. La Sierra es hoy un territorio donde las palabras del Gobierno viajan más rápido que sus funcionarios.
En un país con memoria de traiciones normativas, la anulación del Decreto 1500 plantea una pregunta fundamental: ¿puede un Estado sin presencia efectiva garantizar la supervivencia de un territorio sagrado sin un marco jurídico sólido? ¿Puede una compra de tierras sustituir la obligación constitucional, internacional y moral de proteger la autonomía indígena? ¿Puede un gobierno que reconoce públicamente el valor de la Sierra garantizar su cuidado sin políticas que frenen la guerra  y la expansión extractiva que ya la desangran?

Las comunidades exigen acciones. Mientras tanto, la Sierra Nevada respira con dificultad. Sus nevados retroceden, sus ríos se reducen, sus líderes son amenazados, sus jóvenes son reclutados y su territorio es cartografiado por manos que no entienden su corazón. La caída del decreto no es solo un asunto jurídico: es un síntoma de un país que aún no decide si protegerá su montaña sagrada o si la dejará ser devorada por la codicia.
En un futuro cercano, cuando se analice este momento, tal vez la historia pregunte: ¿Qué hizo el Estado colombiano cuando el alma de la Sierra Nevada quedó desprotegida? La respuesta dependerá de si el Gobierno transforma sus anuncios en una presencia real o si permitirá que la montaña más sagrada del país sea definida, una vez más, por las fuerzas que siempre han decidido por ella: las balas, el mercado y el abandono.