La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Protección Ambiental de la Amazonia (DHRIMA) denunció públicamente que el mediodía del jueves 10 de septiembre de 2026, miembros del Ejército Nacional protagonizaron actos de intimidación, amenazas y señalamientos contra las comunidades de la vereda Alto Cachicamo, en San José del Guaviare.

Según el documento, personal militar transportado en dos helicópteros descendió en una finca de la vereda. Una vez en tierra, las unidades se dirigieron a la vivienda y, sin orden judicial, habrían ingresado, removido las pertenencias de los habitantes y detenido al administrador del predio. El argumento, según la denuncia, fue que la finca pertenecía a la guerrilla.

DHRIMA sostuvo que más de 50 militares allanaron el predio y que la comunidad campesina quedó en estado de alerta tras lo que calificó como un atropello psicológico, físico y moral por la estigmatización y los señalamientos recibidos. La organización agregó que otros campesinos acudieron al sitio para acompañar a las personas que, según su versión, estaban retenidas por los militares.

En el texto, DHRIMA cuestionó la labor de la inteligencia militar y afirmó que en una semana se han presentado tres equivocaciones, entre ellas asesinatos de campesinos y bombardeos a viviendas campesinas, seguidos de disculpas por “errores en la información”. También recordó que el miércoles 9 de septiembre se cumplieron 17 años del asesinato de tres mecánicos y un campesino en el sitio conocido como La Gorgona, caso por el cual, aseguró, ni el Gobierno nacional, ni las Fuerzas Militares, ni el colectivo Fals Borda han dado respuesta sobre los responsables.

La Fundación comparó la situación actual con hechos atribuidos en el pasado a la llamada “La Movil 7”, al mando del mayor “Londoño”, y llamó a las comunidades campesinas a unirse para defender el territorio.

Exigencias
DHRIMA pidió acompañamiento para las comunidades de Alto Cachicamo a organizaciones campesinas, étnicas, defensoras de derechos humanos, juntas comunales, organizaciones sociales, delegaciones internacionales, ONG internacionales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, personerías municipales, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la MAPP-OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Asimismo, anunció que denuncia los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Asamblea Departamental del Guaviare, el Concejo Municipal de San José del Guaviare y los congresistas del Guaviare Alexander Bermúdez, Alexander Quevedo y el representante de las víctimas Alejandro Castillo Gaitán.

“No más violaciones a los derechos humanos. No más violaciones al derecho internacional humanitario. Derecho a la vida. Derecho a permanecer en el territorio”, concluye la denuncia, firmada en Puerto Cachicamo, Guaviare.

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