¿Qué es eso del espectro?
Imagínese una autopista invisible que cruza todo el país. Por ahí viajan las señales de radio, televisión, celulares, WiFi y hasta los datos del GPS. Esa autopista se llama espectro radioeléctrico. No es propiedad de ningún Gobierno ni de ninguna empresa: es un bien público de la Nación, inalienable e imprescriptible, según el artículo 75 de la Constitución.
Dentro de esa autopista hay canales o frecuencias: como carriles específicos. Una emisora de radio en Bogotá ocupa un carril; un operador de celular ocupa varios. Como los carriles son limitados, el Estado debe decidir quién los usa, bajo qué condiciones y con qué obligaciones. No puede repartirlos a dedo: la Corte Constitucional ha dicho que debe garantizar igualdad, pluralismo y competencia, y evitar monopolios. La Ley 1341 de 2009 exige permiso previo del MinTIC y mecanismos de selección objetiva cuando hay varios interesados.

Lo que encontró la investigación
Corresponsalías Populares pidió información al MinTIC y a la ANE (la Agencia Nacional del Espectro, que es la entidad técnica). Esto fue lo que respondieron, con corte al 10 de septiembre de 2026:
76 frecuencias asignadas. El MinTIC otorgó 76 frecuencias para servicios de radiodifusión sonora mediante actos administrativos expedidos en 2026. Ojo: eso no significa que sean 76 solicitudes nuevas. Algunas venían de años anteriores. El propio Ministerio lo advierte.

334 frecuencias de interés público. Estaciones de radio pública tienen asignadas 334 frecuencias. Ese número, solo, no dice si hay pluralidad, concentración o desequilibrio entre regiones. Para saberlo hay que cruzar municipios, concesionarios, potencia y cobertura.

Comunidades étnicas: cero solicitudes nuevas. En 2026 no se presentaron ni resolvieron nuevas solicitudes de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras o Rrom. Sí se entregaron concesiones comunitarias étnicas, pero de trámites iniciados años atrás.

El mapa técnico está en otra oficina. El MinTIC decide y firma. La ANE planea, estudia interferencias y actualiza el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora (PTNRS). Las preguntas sobre disponibilidad de canales, concentración y estudios técnicos fueron trasladadas a la ANE. Resultado: el ciudadano queda ante dos ventanillas que responden a medias. Sin cruzar ambas, no se sabe quién pidió, qué se estudió, quién decidió ni con qué obligaciones.

Lo que el Gobierno movió en 2026
No solo se asignaron frecuencias. El Gobierno tocó varias reglas al mismo tiempo:

•    Compartición de espectro móvil (Decreto 1017): permite que un operador ceda parte de su espectro a otro actor, previa autorización. Puede ampliar la entrada de proveedores, pero hay que vigilar precios, territorios y obligaciones.

•    Subasta permanente de espectro remanente (Resolución 3214): crea un mecanismo para vender el espectro que queda libre en bandas de celular. La subasta no garantiza por sí sola que el resultado sea democrático.

•    Nuevos topes de acumulación: 65 MHz en bandas bajas, 140 MHz en bandas medias y 100 MHz en bandas medias altas. Cambiar los topes altera cuánto puede tener un operador y, por tanto, la competencia futura.

•    Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora (Resolución 000406): define el mapa técnico de frecuencias FM y AM. Los estudios están en la ANE.

Ninguna de estas medidas es irregular por sí misma. Pero todas juntas modifican quién puede acceder al aire y cuánto puede acumular.

Lo que se puede y no se puede afirmar
No hay evidencia suficiente para decir que hubo repartición arbitraria ni que se favoreció ilegalmente a alguna empresa. 

Lo que sí se puede afirmar es que el Gobierno está moviendo varios instrumentos a la vez; que hay 76 frecuencias asignadas por actos de 2026; que existen 334 frecuencias de interés público; y que buena parte de la información técnica —disponibilidad, interferencias, concentración, cobertura— sigue en la ANE.

El problema de fondo es si el modelo produce igualdad de oportunidades o, aunque use procedimientos legales, sigue dejando por fuera a quienes no tienen capacidad económica, técnica y administrativa para competir. El espectro es de todos los colombianos. La pregunta es si su reparto lo demuestra.