La Fundación Lazos de Dignidad (FLD) alertó este 26 de febrero de 2025 sobre una serie de operativos realizados en zonas habitadas y administradas por excombatientes del Acuerdo de Paz en el departamento de La Guajira, acciones que, según la organización, generan un "clima de intimidación y riesgo" para esta población.

 

Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando agentes de la Sección de Investigación Judicial (SIJIN) allanaron la finca "La Envidia", administrada por un líder social firmante de paz, mientras el Ejército Nacional ingresó sin previa explicación al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Pondores y a la Finca Nueva Colombia, lugares clave para proyectos productivos de exguerrilleros.

Durante el allanamiento en "La Envidia", los funcionarios judiciales presentaron una orden, pero impidieron que los trabajadores grabaran el procedimiento, confiscaron sus teléfonos y solo permitieron fotografiar el acta final.

 

Según la denuncia, estas acciones carecieron de transparencia y  el uso de armas para "hostigar" a los presentes aumentó la tensión. Paralelamente, la llegada de militares al Espacio Territorial de Pondores y a la finca Nueva Colombia, sin justificación aparente, dejó entre los excombatientes una sensación de vulnerabilidad, en medio de un contexto regional donde persisten amenazas de grupos armados ilegales.

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La fundación subrayó que la presencia simultánea de fuerzas militares estatales en zonas de reincorporación podría asociar injustamente a los habitantes con actividades ilegales, poniendo en riesgo el frágil proceso de reincorporación.

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Estos operativos se dan en un escenario de creciente estigmatización contra firmantes de paz. Desde 2016, más de 400 excombatientes han sido asesinados en Colombia.

En sus peticiones, la organización exigió a la Fiscalía General de la Nación claridad en las investigaciones para evitar prejuzgamientos, así como garantías de derechos humanos para los excombatientes. También instó a las entidades acompañantes del Acuerdo de Paz a fortalecer el monitoreo de estos casos y al Gobierno Nacional a abstenerse de acciones que vinculen a la población reincorporada con ilegalidades sin pruebas contundentes.

Los ETCR, creados tras el Acuerdo de Paz de 2016 para facilitar la transición de exguerrilleros de las FARC hacia la vida civil, han enfrentado históricamente desafíos como el abandono estatal y la violencia.

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La FLD recordó que estos espacios, junto a proyectos como la Finca Nueva Colombia, son vitales para la estabilidad de cientos de familias. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni el Ejército se han pronunciado sobre los operativos.

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