El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Diez años después, la realidad no se parece al texto pactado. Sobre la cabeza de quienes depusieron las armas y apostaron por la vía política legal, cuelga hoy, más pesada que nunca, una espada de Damocles: la incertidumbre, la desprotección y la amenaza permanente. 

No es una metáfora retórica: es la consecuencia visible de un cumplimiento parcial, selectivo y a menudo vulnerado, mientras la historia reciente nos advierte de lo que ocurre cuando se cierran las puertas a la participación política y a la reconciliación.

¿Cómo explicaremos a las generaciones futuras que el acuerdo nunca fue asumido con el mismo compromiso por ambas partes? ¿Cómo hacer entender que quienes entregaron sus armas confiando en el Estado colombiano y en las garantías de seguridad, verdad y reincorporación acordadas, hoy son los más vulnerables?

 

Según cifras de organismos de derechos humanos y misiones de verificación, a mayo de 2026 han sido asesinados cerca de 500 excombatientes y firmantes de paz en estos diez años, una cifra que crece mes a mes y que la Misión de Verificación de la ONU señala como uno de los mayores riesgos para la estabilidad del proceso.

De los más de 11.000 hombres y mujeres que ingresaron a rutas de reincorporación, solo una minoría cuenta con condiciones mínimas de estabilidad; el 85 % vive fuera de los espacios territoriales de reincorporación, sin acceso pleno a tierra, proyectos productivos ni protección efectiva.

Este panorama no aparece de la nada. Colombia tiene una dolorosa lección histórica que no hemos querido aprender: la experiencia de la Unión Patriótica (UP). Fundada en 1985 como fruto de diálogos de paz, esta fuerza política fue sistemáticamente atacada hasta ser calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como genocidio político, con más de 5.700 homicidios y desapariciones forzadas de militantes, dirigentes y simpatizantes en menos de dos décadas.

 

Quienes intentaron transitar de las armas a la política legal en ese entonces fueron eliminados físicamente y marginados institucionalmente. Hoy, cuando se repite el mismo patrón de estigmatización y desprotección, la pregunta salta a la vista: ¿estamos condenados a repetir la historia?
A esta herida se suma el peso de crímenes de Estado que aún esperan reparación integral. Los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales presentadas por el ejercito como bajas en combate, han sido documentados por la JEP en 7.837 víctimas confirmadas entre 1990 y 2016, un patrón macrocriminal en el que participaron miembros de la fuerza pública y actores paramilitares .

 

Si el Estado no garantiza verdad, justicia y no repetición en estos casos, ¿cómo puede exigir confianza en nuevos pactos?

En el escenario político actual, la tensión alcanza niveles críticos. Cada ciclo electoral trae consigo declaraciones que no dejan dudas: hay sectores que prometen volver trizas lo acordado, destripar su implementación y borrar de un plumazo instituciones creadas para hacer viable la paz. Hablan de desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), suprimir la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) y reducir o eliminar la Unidad Nacional de Protección, organismos que, con todas sus limitaciones, representan los únicos instrumentos diseñados para mantener el proceso de reincorporación. La Misión de la ONU advierte que estas posturas estigmatizantes agudizan el riesgo de seguridad en los territorios y rompen el equilibrio indispensable para cumplir lo pactado.

Es una ironía trágica: los que pusieron fin a la guerra son hoy los más amenazados; y los que firmaron en nombre del Estado incumplen compromisos esenciales; y la actividad política  se convierte, para muchos, en una trampa mortal. La paz no se sostiene solo con discursos ni con ceremonias. Necesita hechos: tierras entregadas, proyectos productivos funcionando, protección real en los territorios, garantías para la participación política y cero impunidad.

Diez años después, la espada sigue ahí. Si cae, no solo acabará con la vida de quienes firmaron: también sepultará cualquier esperanza de resolver conflictos sin sangre y dejará a las futuras generaciones la lección más peligrosa: que, en Colombia, la paz no da seguridad, sino condena.